La negativa a privatizar las centrales nucleares en el Reino Unido abre un interrogante sobre el futuro de este sector

La decisión del Gobierno británico de cancelar la privatización de las centrales nucleares plantea interrogantes sobre el futuro de este sector industrial en el Reino Unido, sobre el buen juicio de los planes privatizadores, sobre la propia filosofía privatizadora y sobre la certeza de Margaret Thatcher, defensora a capa y espada de esta energía. Las primeras traducciones del anuncio gubernamental señalan que el Reino Unido asiste al principio del fin de su programa nuclear.La confirmación por el ministro de Industria, John Wakeham, de que el sector eléctrico británico va a ser privatizado sin la carga que suponen los reactores nucleares es la respuesta a recomendaciones llegadas desde la City y desde Westminster que advertían de que si se materializaba la privatización según los planes previstos, el fracaso estaba asegurado. Para los espíritus más acres estaba claro que el empecinamiento privatizador de Thatcher llevaba a la primera ministra a un callejón sin salida. La retirada protagonizada por Wakeham en la Cámara de los Comunes no se ha producido sin escarnio. Frank Dobson, responsable laborista de energía, le recordó al ministro cómo su antecesor, Cecil Parkinson, había declarado que la privatización del sector eléctrico pondría a las centrales nucleares "fuera del alcance de la influencia política, con una mejor gestión y con más responsabilidad" económica.

Ahora el Gobierno ha decidido mantener en sus propias manos las centrales atómicas y ofrecer al público las plantas convencionales. Los análisis económicos de la privatización demostraron que el ineficiente sector nuclear ocultaba unos gastos que disuadían la inversión privada y que el plan gubernamental de dividir el sector eléctrico en dos compañías -una de ellas, National Power, responsable de la producción del 70% de la energía, incluida la de origen atómico, como un medio de hacerle absorber los costes de las centrales nucleares- no era viable.

El Gobierno planteó una primera retirada en julio, cuando hizo saber que las anticuadas centrales con reactores Magnox quedaban fuera de la privatización. No fue suficiente y ahora ha tenido que quedarse también con las cinco refrigeradas por gas, que se encuentran entre las más onerosas y menos fiables que existen en el mundo, y cancelar la construcción de otras tres refrigeradas por agua después de que los costes de construcción de una cuarta se hayan disparado y permitan vaticinar que cada kilovatio que produzca será tres veces más caro que el generado en una planta convencional.

La City quería garantías contra los altos riesgos de seguridad de este tipo de centrales y para los descomunales costes de la futura clausura de las plantas -que medios especializados creen podrían llegar a los 15.000 millones de libras- , pero el Gobierno no accedió a ello. El proceso privatizador ha descubierto los costes de la energía nuclear y puesto en cuestión la voluntad del Gabinete que no ha aceptado una privatización a medias (con las garantías exigidas por la City), pero que se ha mostrado dispuesto a quedarse con un producto que no gusta al mercado.