La CE aprueba un programa para proteger a los consumidores

El Consejo de Ministros de Consumo de la Comunidad Europea (CE), celebrado ayer en Bruselas bajo presidencia de la ministra francesa Veronique Neiertz, aprobó un programa de acción de defensa del consumidor para los próximos tres años. Los objetivos son integrar el consumo en el resto de las políticas comunitarias, de forma que cada medida a tomar tendrá que ir precedida sobre un estudio de impacto sobre los intereses de los consumidores, igual que sucede ya en materia de medio ambiente.El "salto cualitativo" que ayer adquirió la política en favor de los consumidores en el ámbito de la CE responde al plan presentado por la. presidencia española el pasado mes de junio y que entonces no salió adelante por el veto del Reino Unido, según explicó el ministro de Sanidad, Julián García Vargas. Las objeciones británicas quedaron salvadas al suprimir, dentro del principio de asegurar una mayor información sobre la seguridad de los productos, las menciones explícitas a la calidad de alimentos y servicios.

Según García Vargas, España salva su interés principal como exportador de productos agrarios al lograr incluir las denominaciones de origen. Sin embargo, subsiste en paralelo la concepción de que el consumidor es soberano para comprar lo que quiera y, no tiene por qué ser protegido a base de un recordatorio de marcas o etiquetas de calidad.Órgano de controlLa CE se compromete a facilitar en tres años el acceso sencillo y rápido a los tribunales de Justicia y a aumentar la representación de los consumidores. El nuevo Consejo Consultivo de los Consumidores, organismo qua ejercerá una labor de control, contará con 35 representantes: 12 en nombre de las cuatro asociaciones de consumidores europeas, 17 por las asociaciones nacionales (a España como a los otros cuatro países grandes le corresponderán dos y seis expertos independientes. Este nuevo órgano obligará, según el ministro, "a reducir el número de organizaciones españolas -actualmente siete-, si quieren tener una presencia eurolpea". El decreto que prepara el Gobierno va dirigido en este mismo sentido.