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Abogados y jueces denuncian la inhibición del fiscal de la Audiencia Nacional en los sumarios de los GAL

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eladio Escusol, se ha desentendido y ha abandonado toda iniciativa y línea de invesitigación en los sumarios que se tramitan en La citada Audiencia en relación con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), según han manifestado fuentes jurídicas competentes. Desde el pasado abril, Escusol se hizo cargo personalmente de todos los casos relacionados con la guerra sucia contra ETA, pero no sólo no ha promovido nuevas investigaciones para esclarecer posibles delitos, sino que en las tres ocasiones en que ha sido requerida su intervención ha eludido entrar en el fondo de los problemas que se planteaban, actitud que ha sido criticada por abogados, jueces, magistrados y fiscales.

El 1 de febrero de este año el fiscal encargado del caso Amedo en ese momento, Ignacio Gordillo, apoyó la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón para intentar confirmar que los fondos reservados del Ministerlo del Interior habían sido utilizados para la financiación de los GAL.El fiscal decía entonces: "La profundización investigadora requiere insoslayablemente una detenida verificación de las disposiciones reservadas del Ministerio del Interior, habida cuenta de que existen evidentes indicios de que en relación con el destino final de ciertas partidas de fondos reservados ha podido producirse una desviación dolosa de fondos públicos en concomitancia con hechos puntuales de la actividad delictiva de la organización terrorista investigada".

El fiscal Gordillo destacaba que, dado que los movimientos de las partidas de fondos reservados podían ser considerados como materia clasificada, debían reconocerse al juez las facultades "para verificar in situ el conjunto de operaciones de disponibilidad de fondos reservados que guarde relación con extremos investigados en el sumario".

Es decir, no se trataba de vulnerar el secreto de los fondos ni de desvelar cómo funcionan los servicios de información, sirio de investigar si determinadas y concretas partidas de dinero se habían utilizado para financiar delitos de terrorismo.

La respuesta del ministro del Interior, José Luis Corcuera, precisaba que los fondos eran partidas del presupuesto de naturaleza secreta y que río existían documentos sobre su utilización.

El 13 de abril, y cuando el fiscal Gordillo acababa de ser apartado del caso, Escusol, lejos de reiterar la necesidad de investigación de los fondos, renunció a continuar por la vía iniciada por el juez Garzón y que había respaldado su subordinado. Evitó tener que definirse y simplemente pidió que la respuesta del ministro se uniera al sumarlo, cuando obviamente el tribunal, de oficio, ya la había incorporado alproceso.

Procesamientos

El juez Garzón elevó en junio a la sala el sumario por el asesinato de Juan Carlos García Goena. A pesar de los indicios exisitentes en el sumario y las declaraciones de dos testigos, las ex amantes de los policias, que afirmaron que Amedo y Domínguez les enseñaron el artefacto la noche anterior a la muerte del joven, el fiscal Escusol no pidió los procesamientos de los agentes.

Su lacónico escrito soslayaba pronunciarse y decía que continuara el procedimiento con arreglo a derecho. Los dos agentes fueron procesados por asesinato consumado y otros delitos menores, y se decretó también su prisión incondicional por esta causa.

En su tercera intervención en el caso, Escusol se opuso a que el Estado fuera declarado responsable civil subsidiario en el proceso contra los GAL, por considerar que si Amedo y Domínguez se dedicaban a actividades ilícitas no lo hacían en su condición de policías.

El tribunal dejó claro que se trataba de actos terroristas y que ambos agentes actuaron en el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, desde que se hizo cargo del caso, el fiscal jefe Escusol no ha asistido a ninguna de las declaraciones realizadas ante el juez por Amedo y Domínguez. Tampoco permitió que ninguno de los fiscales de la Audiencia Nacional acudiera el pasado mes de septiembre a las indagatorias (declaración inmediatamente posterior al procesamiento).

Eladio Escusol se ha opuesto también a que se investigue si los superiores jerárquicos de Amedo conocían sus actividades en relación con los GAL, como han afirmado las ex amantes de los agentes.

Varios magistrados y fiscales han inostrado su inquietud y preocupación por el cambio de actitud de la fiscalía en este asunto, que consideran de gran importancia para la credibilidad de la justicia.

Otras fuentes jurídicas han precisado incluso que Escusol puede haber olvidado el artículo 124 de la Constitución, que dice textualmente: "El ministerio fiscal (...) tiene por misión promover la acción de la justicia en clefensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés solcial".

Sin discrepancias

Eladio Escusol fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional por el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, en febrero de 1989. Sustituyó en el cargo a Melitino García Carrero, quien había cesado en diciembre de 1988 por divergencias con Moscoso sobre la forma en que se estaba desarrollando el proceso contra los GAL.

Desde que Escusol se hizo cargo del caso no se tienen noticias de que se hayan producido discrepancias entre él y el fiscal general del Estado.

Este periódico ha intentado sin éxito conocer los puntos de vista del fiscal Escusol sobre este asunto.

Golpe de timón sobre la libertad de los policías

J. Y. Fladio Escusol hizo ver el cambio de rumbo en la fiscalía de la Audiencia al poco tiempo de tomar posesión de su cargo.

El fiscal Ignacio Gordillo estaba encargado de los procesos seguidos contra los policías José Amedo y Michel Domínguez por su presunta participación en la organización de atentados de los GAL. Gordillo, que había seguido con atención los progresos de las investigaciones, había interesado los procesamientos y el ingreso en prisión de los dos agentes"en un extense, informe elaborado en agosto de 1988. Este fiscal consideraba que, a la vista de las pruebas existentes en el sumario, Amedo y Domínguez podían ser acusados de los delitos de pertenencia a banda armada y de seis asesinatos frustrados, así como de otros delitos menores.

Gordillo justificaba su petición de prisión preventiva en que las penas que podrían corresponder a cada uno de los policías; sólo por el sumario matriz, superaban los 120 años de reclusión.

A finales de febrero de este año, Gonzalo Casado, defensor de los policías, solicitó de nuevo la libertad provisional de sus clientes. Gordillo entendíaque existían indicios racionales de criminalidad. y que no había habido nuevas pruebas que desvirtaasen las acusaciones existentes contra Amedo y Domínguez, por lo que no era partidario de la excarcelación.

Escusol prefería, sin embargo, que la postura de la fiscalía fuera de no oposición a la libertad y que el tribunal decidiera si los policías salían de la cárcel.

El fiscal Gordillo, en contra de la opinión de sus superiores jerárquicos, mantuvo su criterio de que debían continuar en prisión, y así lo acordó el tribunal. El fiscal jefe decidió entonces apartarle del caso y hacerse cargo personalmente de todos los sumarios relativos a los GAL.

Gordillo, en el informe en que pedía los procesamientos y prisión de los policías, avanzaba un relato de cómo ocurrieron los hechos y la calificación jurídica de los mismos. Tras describir la intervención de los agentes en el reclutamiento de mercenarios portugueses para que llevaran a cabo atentados de los GAL en el sur de Francia, el escrito desmenuzaba los ataques, a los bares Batzoki y La Consolation, en los que resultaron heridas seis personas. Seguidamente razonaba la calificación jurídica aplicable, que no era otra que la de pertenencia a banda armada y asesinatos frustrados, entre otros delitos.

En medios jurídicos se considera difícil que sin que se hayan producido hechos nuevos Escusol vaya a elaborar una aciasación completamente diferente.

Magistrados, jueces, fiscales y abogados esperan conocer dentro de pocos días el escrito de conclusiones provisionales que Escusol haga del caso Amedo. Su calificación jurídica de los delitos clarificará el alcance del cambio de actitud.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de noviembre de 1989

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