Fondos olvidados

EL USO indebido de los fondos reservados, su falta de control político y legal y, sobre todo, su opacidad a la acción de la justicia, puesta de manifiesto en el caso Amedo, no han merecido atención alguna de las fuerzas políticas en la campaña electoral. Ha sido una de las omisiones cualitativamente más llamativas. Aun los partidos que consideraron conveniente que una comisión de investigación parlamentaria indagase sobre la posible financiación de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) con fondos reservados han permanecido mudos en esta ocasión.La legislación actualmente aplicable a estas partidas presupuestarias atribuye al titular del departamento que dispone de ellas la responsabilidad de acreditar que se dedican a los fines para los que son libradas por el Parlamento. Sin embargo, el caso Amedo ha demostrado claramente que esta garantía es insuficiente y, lo que es más grave, ha llevado el descrédito y la sospecha a todo el sistema de libramiento y uso de estas partidas.

Hubiera sido bueno conocer la posición de las fuerzas políticas sobre los fondos reservados y su compromiso programático respecto de esta cuestión. Por ejemplo, si deben o no desaparecer, o qué nuevas garantías serían necesarias para evitar que tuvieran fundamento las sospechas sobre su mal uso. El caso Amedo, con la imposibilidad judicial de investigar su posible financiación con fondos reservados, ha constituido un resonante fracaso del Estado de derecho. Impedir que algo así vuelva a repetirse es un deber inexcusable de todas las fuerzas políticas democráticas. Y el debate electoral hubiera sido una excelente ocasión para idear y proponer nuevas fórmulas de control parlamentario y judicial sobre el uso de estos fondos públicos, que seguramente son necesarios, pero a condición de que no se conviertan ellos mismos en una amenaza para el propio Estado.