EE UU y la soberanía nacional

EN VIRTUD de una decisión del Departamento de Justicia de EE UU hecha pública el 13 de octubre, se otorga al FB1 el derecho de detener en países extranjeros a personas reclamadas por tribunales norteamericanos sin el consentimiento del país en el que éstas se encuentren. Tal decisión cambia drásticamente la política seguida hasta ahora por EE UU en esa materia y tiene unas implicaciones gravísimas en el plano internacional. De hecho, convierte en normal para la legislación norteamericana que el FBI secuestre a ciudadanos en países extranjeros y los lleve luego a EE UU. Washington se arroga, ni más ni menos, el derecho de violar, la soberanía de otros Estados. El desprecio a las normas básicas del derecho internacional no puede ser más absoluto.La Prensa norteamericana relaciona esta decisión con el deseo del presidente Bush de reforzar la presión para acabar con el general Noriega, dictador de Panamá, y a la vez con la campaña que lanzó contra el tráfico de droga. Pero es infantil creer que la crisis de Panamá se resolverá dando permiso al FBI para que vaya a apresar a Noriega. En cuanto a los narcotraficantes, Colombia está aplicando el procedimiento normal de la extradición para que puedan ser juzgados en EE UU. ¿Qué sentido tiene dictar ahora una norma para que el FBI pueda actuar por su cuenta en Colombia, o en otra nación, violando las leyes y provocando la lógica protesta del país en que ocurra?

Pero lo realmente grave en esa decisión es el carácter de norma universal que tiene, y que fue subrayada por diversas autoridades de EE UU. Sin ir más lejos, la portavoz del Departamento de Estado, Margaret Tutwiler, señaló que la disposición estaba vigente desde el pasado mes de junio -si bien en secreto hasta ahora- pero que el presidente Bush aún no había ejercido esa "nueva autoridad", y que sólo se aplicaría tomando en consideración los intereses de política exterior, y siempre "a discreción del presidente".

Lejos de aportar una justificación, tal declaración obliga a formularse las preguntas ¿cómo se entiende en las altas esferas de EE UU el respeto a la soberanía de otros Estados?, ¿cómo puede el presidente de EE UU pensar que tiene derecho, de forma unilateral, a decidir el envío de sus policías a otro país para que actúen a espaldas de las autoridades? Es cierto que los servicios de espionaje realizan secuestros y otros actos ilegales; conforman el paisaje de las zonas oscuras de las relaciones entre Estados, pero es distinto -y mucho más significativo- que esa práctica se proclame corno un derecho atribuido públicamente a una policía oficial.

Las consecuencias son alarmantes. Dos altos funcionarios españoles del Ministerio del Interior, Rafael Vera y José María Rodríguez Colorado, han reaccionado con acierto destacando la violación del derecho internacional que supone esa decisión tomada por EE UU. Pero no basta. Los Gobiernos europeos deben hacer comprender a Washington que su actitud en ese tema priva a Occidente de fuerza moral y jurídica ante conductas de grupos o Estados que actúan al margen del derecho internacional.