La policía española considera ilegal la medida

Rafael Vera, secretario de Estado español para la Seguridad y el director de la Policía, José María Rodríguez Colorado, declararon ayer en Bogotá que carecía de sentido y era ilegal la autorización oficial en Estados Unidos al FBI norteamericano para detener delincuentes fugitivos en territorio extranjero.

Poco antes de emprender el regreso a España desde Bogotá, Vera afirmó: "La aplicación de esta medida no está de acuerdo con las leyes internacionales, ni con las leyes de los distintos países. Si la justicia americana solicita a España que una determinada persona sea detenida, serán las autoridades españolas las que procedan a su detención y la pongan a disposición de la justicia. La justicia será quien decida si se concede o no la extradición. Éste es el mecanismo que deben seguir todos los países".

Para el director de la Policía, esta es una norma que viola la soberanía de los demás países. "Un país no puede legislar ni dar normas administrativas que afecten a la soberanía de otros países. Eso no se lo vamos a consentir a nadie. No sé en qué países podrá actuar así el FBI. En lo que a España se refiere no se puede defender bajo ningún concepto".

Asimismo, altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores español consultados por EL PAÍS consideran que la nueva ley norteamericana "no está respaldada por ningún tratado sometido al derecho internacional y, por tanto, no está justificado jurídicamente". El procedimiento habitual es que se soliciten comisiones rogatorias y que se pida la extradición. "No puede haber operaciones de policías en otro país ajeno al propio. Para eso está la Interpol", informa Emma Roig.

Las fuentes consultadas apuntaron que parece más bien una aplicación de derecho bélico. Según fuentes de la Administración española, es una estrategia con la que Estados Unidos pretende justificar la falta de eficacia de la policía y la ausencia de resultados de determinados sistemas judiciales.