Duras críticas en EE UU por la autorización al FBI para secuestrar a delincuentes en el extranjero

La nueva normativa del Departamento de Justicia norteamericano que permite a los agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, policía federal) detener y extradir a un fugitivo sin el consentimiento del país donde se haya realizado el arresto ha sido criticada por algunos miembros del Congreso y expertos en derecho internacional. Funcionarios norteamericanos han reconocido también que "la nueva regulación provocará la reacción negativa de algunos países" y que "presenta determinados puntos que no son compatibles con las normas básicas del derecho internacional".

Esta nueva ordenación, iniciada unilateralmente por el Departamento de Justicia norteamericano, significa un cambio radical en la política policial y judicial de este país, en el que ya existen precedentes de actuaciones de los feds y los marshals (agentes federales) en el extranjero. En casi todos los casos existió el consentimiento de los países donde se llevaron a cabo las detenciones.La noticia de que el Departamento de Justicia había autorizado al FBI a actuar libremente en el exterior "provocará el enfado de algunos países", explicó ayer un funcionario de Justicia, que reconoció que el nuevo reglamento podría provocar, caso de ejecutarse en determinados países, "acciones legales contra Estados Unidos". Así piensa John Lawrence Hargrove, un ejecutivo de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, que opina que "esta normativa puede provocar una variada reacción legal a nivel internacional, caso de aplicarse".

La normativa ha sido elaborada por el fiscal general, Dick Thornburgh, y su equipo de asesores legales. El reglamento, que comenzó a estudiarse el pasado mes de junio, es un intento de agilizar el envío a EE UU de los jefes del narcotráfico internacional y de terroristas. A partir de ahora los agentes federales tienen la autorización legal de secuestrar a un fugitivo en el extranjero y regresar con él a EE UU sin la autorización firmada del Gobierno donde se haya producido el arresto.

La nueva situación invalida por completo la opinión legal de la Administración del ex presidente demócrata Jimmy Carter, que en 1980 determinó que la condición básica para este tipo de detenciones era el conocimiento y la conformidad de los países donde el FBI lleve a cabo una detención.

Lo cierto es que la normativa firmada ahora por Thornburgh ha cogido por sorpresa no sólo a los fugitivos y a los Gobiernos occidentales, sino también al propio presidente, George Bush, y a su secretario de Estado, James Baker. Ambos desconocían el pasado viernes, cuando se confirmó la noticia, el alcance de esta nueva normativa.

Posible detención de Noriega

Bush, concretamente, no supo responder a los periodistas si el FBI podría ir a Panamá y detener al general Manuel Antonio Noriega y extradirlo, sin más, a EE UU. El dictador panameño está reclamado por un juzgado de Miami (Florida) y su nombre aparece en las listas de los más buscados de EE UU.

Baker declaró el viernes que esta nueva política "no se aplicará sin tener en cuenta todas las consideraciones que pueda tener en política exterior", y anunció que que todas las agencias de información e investigación de EE UU "serán informadas y consultadas antes de llevar a cabo una detención en el exterior". La Casa Blanca se expresó del mismo modo.

Tradicionalmente, EE UU ha trabajado conjuntamente con los Gobiernos extranjeros a la hora de llevar a cabo una detención fuera de su territorio. El FB1 nunca ha actuado sin la luz verde de las policías y los Gobiernos extranjeros, excepto en unos pocos casos.

En 1982, un antiguo agente de la Agencia Central de Inteligen cia (CIA), Edwin Wilson, acusa do de contrabando de municiones, fue detenido por los marshals en la República Dominicana y conducido de nuevo a EE UU. En 1987, el terrorista libanés Fawaz Yunis fue detenido en el extranjero por el FBI, aunque los agentes que intervinieron se aseguraron de hacerlo en aguas internacionales, en el Mediterráneo. Yunis fue acusado y condenado posteriormente por un juez de Washington por el secuestro de un avión jordano.

El pasado año, los marshals detuvieron en Tegucigalpa, la capital de Honduras, a ur. sospechoso de tráfico de cocaína, Juan Ramón Matta, considerado como una de las piezas claves del narcotráfico internacional. En el caso de Matta y del agente de la CIA Wilson, los Gobiernos de la República Dominicana y de Honduras fueron informados de las operaciones, a las que dieron su autorización,

En 1986, sin embargo, el Gobierno de México protestó por varias acciones de los feds y los marshals en su territorio. En una de ellas los agentes estadounidenses pagaron una determinada cantidad de dinero a varios colegas mexicanos para que entregaran a un traficante en el paso fronterizo de El Paso.

El Gobierno colombiano, por su parte, ordenó ayer la extradición de tres nuevos colombianos a Estados Unidos, informa Pilar Lozano. Ana Elena Rodríguez, Bernardo Peláez y Roberto Víctor Carlini salieron ayer en un avión militar rumbo a EE UU.

La primera es acusada de ser enlace del cártel de Medellín; Peláez fue condenado en ausencia por tráfico de droga, por un tribunal norteamericano en 1984. Carlini es acusado del lavado de dólares. Hasta el momento, según datos del DAS, nueve extraditables han sido detenidos en los últimos dos meses. Cuatro de ellos ya han sido entregados a EE UU.