La Generalitat defiende ante el juez a sus inspectores del geriátrico de Vallvidrera

Ángela Miquel, directora general de los Servicios Sociales de la Generalitat de Cataluña, declaró ayer ante el juez César Plana que la inspección realizada por funcionarios de su departamento en la residencia Alba, de Vallvidrera (Barcelona), en la que no descubrieron el cobertizo ocupado por 15 ancianas hacinadas, se hizo de forma correcta. Miquel insistió en desvincular a la Generalitat de las posibles responsabilidades por el trato inhumano que recibían las residentes.

Miquel defendió en todo momento el trabajo realizado por sus subordinados, pero reconoció que el acta que levantaron tras la visita no precisaba el número de residentes del centro, ni tampoco si habían procedido a un recuento para comprobar si el número de fichas de entrada coincidía con el total de ancianas. El acta tampoco reflejaba, según dijo Miquel, si los alimentos estaban en buen estado o, por el contrario, estaban caducados, ni el estado del material de enfermería de la residencia. La directora general no precisó qué tipo de datos reflejaba el acta que finalmente ha sido requerida por el juzgado. Miquel puntualizó que la inspección se llevó a cabo sin previo aviso a la residencia.

La directora general de Servicios Sociales declaró ante el juez durante más de una hora. Al terminar, Miquel dijo: "He asistido en calidad de testigo y no quiero hacer ninguna declaración". En parecidos términos se expresó Ramón Vayrera, jefe de Ordenación e Inspección de Servicios Sociales, tras declarar también ante el juez.Miquel explicó al juez el trámite administrativo que suele seguir su departamento en las inspecciones a residencias geriátricas no públicas ni sujetas a subvenciones de la Generalitat. Asistió a ambos declarantes el abogado Joan Piqué Vidal, habitual defensor de la Generalitat.

Versiones opuestas

Tanto Miquel como Vayrera negaron haber desobedecido el primer mandato judicial de cierre de la residencia, entregado por un inspector de policía en el Departamento de Bienestar Social, ya que, según dijeron, iba dirigido a otro organismo y no a la Generalitat. Esta versión es opuesta a la que consta en un informe de la policía, aportado a la causa que detalla la negativa de Vayrera a cumplir la orden judicial por entender que no era competencia de la Generalitat.A preguntas de la abogada de la Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, Miquel aseguró que la inspección ordenada por su departamento el 18 de septiembre -cuatro días antes de que interviniera la comisión judicial- fue correcta. No se pronunció sobre el hecho de que los inspectores no descubresen el cobertizo ni las condiciones en que vivían los 15 residentes que lo ocupaban. Miquel suavizó sus primeras críticas ante los medios informativos hacia la intervención judicial.