El Consejo de Ministros de la CE no llega a un acuerdo sobre el control de las fusiones
ENVIADO ESPECIALEl Consejo de Ministros de Mercado Interior de la CE se enfrascó ayer en una maratoniana negociación, que concluyó pasada la medianoche, para intentar llegar a un acuerdo político sobre el control de grandes fusiones y concentraciones de empresas.
El límite de 650.000 millones de pesetas de facturación anual, a partir del cual la Comisión Europea tendrá competencias para intervenir parece asumido por todos. El problema es el paso automático o no, después de 1992, a un nivel inferior de 260.000 millones. La reunión de ayer no alcanzó un acuerdo global, aunque se avanzó en bastantes puntos y los doce llegaron al compromiso de que los técnicos de cada uno de los países miembros estudien la viabilidad de las propuestas.
España planteó un trato diferencial para la empresa pública. Obsesionada por la venta de Enasa, pide que no se tenga en cuenta la cifra de negocios del INI, el holding propietario, sino la de la empresa afectada.
Las diferencias, aparentemente de matiz, siguen siendo decisivas por lo que, a juicio de la Comisión y de varios países, es aún prematuro vislumbrar un acuerdo. El tope de 650.000 millones de pesetas de facturación conjunta (5.000 millones de ECU), impuesto por la RFA y el Reino Unido para minimizar el intervencionismo de la Comisión, parecía aceptado por todos. Igual que las otras dos condiciones de un 30% de actividad fuera del país en el que se produce la fusión y de un mínimo de 42.500 millones de pesetas de facturación obtenida dentro de la Comunidad.
Rebaja del tope
Italia y Bélgica, secundadas por la Comisión y otros países, exigen el paso a 2.000 millones de ECU (260.000 millones de pesetas) como tope a partir de 1992. La posición italiana, de donde país del que proceden buena parte de los compradores europeos de empresas, parece justificada por las dificultades para implantar una normativa nacional en la materia.
España, según Pedro Solbes, es partidaria de "dejar las espadas en alto" en cuanto a la rebaja o no del tope, pero no se inclina porque ese límite pueda ser revisado en el futuro por mayoría. La RFA y el Reino Unido piden incluso que esa cifra sea un mínimo de partida. España, según manifestaron miembros de la delegación encabezada por el secretario de Estado para la CE, Pedro Solbes, se alinea, paradójicamente, con los intervencionistas. "La obsesión del Gobierno", dijeron estas fuentes, "es evitar dificultades futuras a la venta de Enasa".
