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UGT no reconoce un solo avance en la política social desarrollada por el Gobierno durante esta legislatura

Unión General de Trabajadores (UGT) no encuentra ni un solo avance en la política social desarrollada por el Gobierno del PSOE durante la legislatura que ahora acaba. En el informe anual sobre política social del Instituto Sindical de Estudios (ISE), que dirige José María Zufiaur, se admite que es innegable el crecimiento de la economía, del empleo y de las inversiones extranjeras, pero se hace un balance demoledor del coste que ello ha tenido en protección social, precariedad del empleo, funcionamiento de los servicios públicos o el acceso de amplias capas de la población a la vivienda.

Las conclusiones del informe se hacen extensivas a toda la legislatura, aunque es en 1988 donde el Instituto Sindical de Estudios de UGT percibe con mayor nitidez los efectos de un modelo de política económica calificado como "desarrollista, tecnocrático y dogmático de los valores del mercado, desregulador en política laboral y cuna de un nuevo Eldorado para el capital extranjero"Los únicos aspectos positivos que se admiten -crece la economía, aumenta el empleo y fluyen las inversiones extranjeras- no se atribuyen a méritos del Gobierno, sino a una buena coyuntura internacional.

Algunos de los costes sociales de ese modelo económico son para UGT el deterioro de los servicios públicos, como consecuencia de una raquítica política de inversiones; la vivienda deja de ser un bien social para convertirse en un valor de inversión al que no puede acceder la mayoría de los ciudadanos; el mercado de trabajo se convierte en uno de los más desregulados del mundo a costa de la cualificación y la productividad; crece el producto del país al tiempo que las desigualdades en la distribución personal de la renta; se venden empresas y sectores al capital extranjero; aumentan las ayudas del Estado a las empresas; y arrecian las felicitaciones internacionales en medio de la conflictividad en el plano nacional, con una huelga general masivamente respaldada por los trabajadores.

La ley de la selva

Los gastos sociales, mientras tanto, siguen estancados en el 12,79% del producto interior bruto, lo que en opinión de Zufiaur no está justificado en un período de crecimiento; la inflación no se ha controlado pese a que bajan los costes salariales unitarios; la formación profesional aumenta en cantidad pero no en calidad; la contratación se rige por la ley de la selva y la precariedad alcanza al 26% de los trabajadores, cifra que UGT no encuentra en ningún país europeo.En los servicios públicos describe un panorama igual de desalentador y detecta que el correo no funciona bien, el teléfono tampoco ni las carreteras ni el ferrocarril, mientras que la sanidad pública se considera amenazada tras las declaraciones contradictorias del ministro responsable. En relación a las pensiones, han detectado un crecimiento vertiginoso de los litigios presentados ante los tribunales para conseguir una prestación de invalidez. Los cálculos del sindicato Indican que hay 32.000 afectados y algunos no verán resuelto su caso hasta el año 2.000. Zufiaur asegura que el Gobierno tiene tal obsesión con el fraude que uno debe ir "con la cabeza en la mano para que se reconozca una pensión de invalidez sin problemas".

En la conferencia de prensa donde se presentó el informe, el dirigente ugetista y director del ISE no quiso responder si el programa electoral de algún partido político permitiría cambiar de rumbo. "No estamos para hacer futurología", respondió, aunque se congratula con que las fuerzas de centro y derecha y algunas de la izquierda respalden parte de las demandas de las centrales. Sí criticó el programa del PSOE y se ratificó en que los elogios de Manuel Chaves a la Propuesta Sindical Prioritaria respondían al "puro oportunismo".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de octubre de 1989

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