El médico del geriátrico Alba certificó la muerte de una anciana sin examinarla

Juan Luis Ferrer Majol, médico del geriátrico Alba, donde 15 ancianas recibían un trato inhumano, declaró el pasado lunes ante el juez César Plana que certificó la muerte de la anciana Ana Castany, ocurrida el miércoles de la semana pasada, sin examinar el cadáver. Ferrer, que ingresó el lunes en la cárcel Modelo de Barcelona, certificó que la muerte se produjo por un "accidente vascular cerebral" sin mencionar el avanzado estado de desnutrición que, según el juez, presentaba la mujer.

La dirección general de Servicios Sociales de la Generalitat clausuró en la tarde de ayer el cobertizo anexo al geriátrico Alba, donde la comisión judicial encontró al grupo de residentes en pésimas condiciones. La clausura se practicó en cumplimiento de una segunda orden judicial de cierre.En la declaración que realizó el médico en el juzgado afirmó que trabajaba en la residencia Alba desde hacía seis años y que las visitas las realizaba todos los viernes. Por el trabajo, la propietaria del centro, Isabel López Alba, también en prisión por esta causa, le pagaba 50.000 pesetas mensuales. Ferrer aseguró ante el juez que durante esos años ignoró la existencia del cobertizo -de 16 metros cuadrados y con 10 camas- y que éste estuviera ocupado por ancianas en condiciones infrahumanas. Añadió que las visitas las pasaba en el despacho, donde eran conducidas las residentes, o en la enfermería. Ferrer, que es facultativo de la plantilla de la Seguridad Social, era el médico encargado de visitar a las ancianas de otras residencias geriátricas: Betania y María Reina. Asimismo, era el médico sustituto del geriátrico Vallvidrera.

Según el facultativo, la primera vez que entró en esa parte del centro fue hace dos semanas para visitar a Ana Castany, a quien venía reconociendo desde 1988. "La encontré muy deteriorada y comenté a mi colaboradora [término con el que se refiere a la propietaria que, según él, era ATS] la necesidad de ingresarla en un hospital", explicó el médico. De acuerdo con su declaración, López Alba descartó la posibilidad del internamiento. Tanto en esa ocasión como en otros reconocimientos anteriores de la anciana, el médico no observó las llagas que presentaba en las piernas porque "seguía las indicaciones de la colaboradora". Reconoció que su labor en el centro se limitaba a seguir "la evolución general de la paciente, pero sin realizar un reconocimiento conjunto de su cuerpo".

El pasado 20 de septiembre, la propietaria de la residencia llamó al doctor al producirse el fallecimiento de la anciana. Ferrer precisó que encontró a la mujer ya amortajada y que certificó la muerte por un accidente vascular cerebral "sin someterla a un reconocimiento". El facultativo no se refirió al avanzado estado de desnutrición que presentaba el cadáver de la mujer fallecida circunstancia que, según el juez, ha sido observada por la médico forense que realiza la autopsia.

Cierre del geriátrico

La clausura del cobertizo de la residencia se practicó ayer y para ello fue necesario una segunda orden judicial, ya que la primera, del viernes pasado, fue ignorada por la Generalitat. Un portavoz de Servicios Sociales aseguró el lunes pasado a este periódico que no habían recibido ninguna orden Judicial de clausura. Éste hecho, sin embargo, no coincide con el informe entregado ayer al juzgado por la Brigada de Policía Judicial.En el informe se explica que el viernes un policía hizo entrega del mandato judicial de cierre a un funcionario de la dirección general de Servicios Sociales que estampó el sello de entrada en el oficio, devuelto ayer al juzgado. Cuando ya había estampado el sello, el funcionario de la Generalitat se negó a adoptar el oficio "tachándolo, lo devolvió al policía", precisa el informe.

Los agentes se pusieron en contacto con Ramón Vayrera, jefe de servicios de Ordenación e Inspección de los Servicios Sociales, quien les dijo que se trataba de una cuestión ajena a las competencias de la Generalitat y que el cierre debía realizarlo el juzgado. Los policías replicaron que un mandato judicial es de obligado cumplimiento, a lo que el jefe de servicios reiteró la negativa a la vez que entregaba a los funcionarios una tarjeta suya, también adjuntada al informe presentado por la policía al juez.

La negativa de la Generalitat a reconocer la grave situación en la que se encontraban 15 residentes del geriátrico ha provocado las primeras críticas de la oposición. Socialistas y comunistas pidieron ayer la dimisión de la directora general de Servicios Sociales de la Generalitat, Ángela Miquel. La diputada Rosa Barenys, del PSC, criticó la "actitud negligente" de la responsable del departamento y Rosa Fabián, de Iniciativa per Catalunya, calificó el hecho de "escándalo". Los comunistas han presentado en el Parlamento catalán 24 preguntas sobre el número de centros geriátricos existentes, los controles que se realizan y las subvenciones que haya tenido la residencia Alba.