Cáritas, marginada

LA MANIFIESTA mezquindad con que el Ministerio de Asuntos Sociales, que dirige la antigua sindicalista Matilde Fernández, se ha conducido con Cáritas -la más conocida y prestigiada organización no gubernamental de asistencia social en España, vinculada a la Iglesia católlica- en el reparto de fondos destinados a fines sociales tiene que ver, sin duda, con la confusión existente sobre la naturaleza y finalidad del impuesto religioso y de la subvención directa que sigue recibiendo la Iglesia católica del Estado. Confusión a la que, por cierto, han contribuido los propios jerarcas eclesiásticos, que no han dudado en justificar este impuesto y la subvención estatal precisamente en virtud de la labor social de la Iglesia católica.Los más de 14.000 millones que actualmente recibe la Iglesia católica a cuenta del impuesto religioso y de la dotación presupuestaria del Estado no se destinan a fines sociales, sino exclusivamente a costes de personal y de culto. Yerra, por tanto, la ministra de Asuntos Sociales si considera que la labor social que Cáritas realiza tiene que ser subvencionada a cargo de estos ingresos, que, además, deberán ser sustituidos en un momento determinado por los que la propia Iglesia católica pueda allegar por sí misma, en virtud de los acuerdos firmados por el Estado español y la Santa Sede en 1979.

Pero lo que no es transitorio es la obligación que tiene el Estado de prestar ayuda económica a aquellas organizaciones, ya sean de carácter religioso o laico, que realizan trabajos constatables en las áreas marginadas de la sociedad. Organizaciones que suplen, además, una labor asistencial que el Estado no está en condiciones de prestar a corto plazo.

Numerosas entidades vinculades a la Iglesia católica perciben justamente míles de millones de pesetas del Estado a cuenta de sus prestaciones en los sectores de la sanidad, la enseñanza o la asistencia social. Por eso, no se comprende en absoluto que se pretenda aplicar a Cáritas un criterio distinto. La ridícula cantidad de 63 millones de pesetas que se le ha asignado en el último reparto es absolutamente desproporcionada con las tareas que lleva a cabo y con los proyectos concretos presentados para su realización. Cabe la sospecha de que algunos de esos proyectos no sean del agrado de la ministra, precisamente por exponer en toda su crudeza el amplio campo sociológico sobre el que debería actuar su departamento: los marginados, los débiles, los pobres y sus condiciones de vida.

Pero es que, además, tal asignación supone tina afrenta si se tiene en cuenta que una parte importante de los 7.600 millones distribuidos ha sido destinada a organizaciones de dudosa finalidad social, o que carecen de la solera conseguida por Cárilas en el campo asistencial. Determinados jacobinismos trasnochados no tienen lugar en una sociedad liberada de tabúes novecentistas. Y menos aún en el caso de un ministerio cuya justificación siempre fue un secreto....