Piden 20 años para el ex Ministro del Interior cubano, general Abrantes
El ex ministro del Interior cubano, general de división José Abrantes, para quien se piden veinte años de cárcel por abuso en el cargo, negligencia en el servicio y uso indebido de recursos, no tuvo una conexión "directa, consciente y dolosa" con el narcotráfico de funcionarios a sus órdenes, pero desestimó información que pudo haber descubierto los acuerdos con el cártel de Medellín, según las conclusiones del teniente coronel Felipe Alemán, fiscal del juicio militar contra Abrantes y seis oficiales subordinados.El Ministerio Fiscal solicitó para el resto de los acusados, a los que se imputan otros cargos de cohecho y tenencia ilegal de armas, penas que oscilan entre veinte y ocho años de prisión, y responsabilizó al general encargado de la seguridad de Fidel Castro de aceptar en la contabilidad del Ministerio la ilegal entrada de varios millones de dólares. Algunas partidas procedieron del clandestino departamento MC, dirigido por el coronel Antonio de la Guardia, fusilado en julio tras haber sido hallado culpable de establecer una mafiosa relación contractual con el capo colombiano Pablo Escobar para trasegar cocaína por territorio cubano.
Sin narcotráfico
El fiscal no encontró en sus conclusiones definitivas evidencias probatorias de la participación del ex ministro en el narcotráfico, por lo que su responsabilidad fue encuadrada en los términos de "negligencia en el servicio con graves consecuencias", y no en el delito de traición a la patria, que le habría conducido al paredón de fusilamiento.El general de división, que según la acusación dispuso en febrero de 1989 de indicios sobre operaciones oficiales de narcotráfico con Medellín, cuatro meses antes de que el Gobierno destapase el escándalo, autorizó innecesariamente en un período de catorce meses la compra de 1.300 vehículos, en su mayoría automóviles, por un valor total de cuatro millones de dólares. El objetivo de esta "desmesurada compra", en un país donde poseer un coche es un lujo, fue colocar al Ministerio "en posición de privilegio respecto a las otras instituciones del Estado".
El teniente coronel Alemán, que propuso la degradación de los procesados, su inhabilitación profesional y confiscación de sus bienes, afirmó que Abrantes disponía de una reserva millonaria en su Ministerio, que operaba de manera oculta ilegal, destinada a la adquisición de bienes para el organismo que dirigía, "y a veces" al disfrute personal. El exministro autorizó también operaciones financieras fuera del marco de sus asignaciones presupuestarias.
El general de división ingresó fondos del departamento de Antonio la Guardia, diseñado para burlar el bloqueo comercial norteamericano a Cuba, de la aduana general, y de una empresa creada por Abrantes para actividades ajenas al Ministerio, pero que reportaba dividendos en divisas.
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