Comienza en Cuba el juicio contra el ex ministro del Interior Abrantes

El Juicio militar contra el general de división José Abrantes, cuya destitución como ministro del Interior e insospechada detención aceleró la crisis que en junio pasado colocó a la revolución cubana al borde de la bancarrota, comenzó ayer sin que se imputen al acusado complicidades con el narcotráfico.Cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas y del ministerio inculpado fueron pasados por las armas el 14 de julio tras ser hallados culpables de facilitar el trasiego por Cuba de seis toneladas de cocaína procedentes del cártel de Medellín. El fiscal, teniente coronel del Ministerio de Justicia Felipe Alemán, atribuye al ex ministro abuso de poder, uso indebido de recursos financieros y materiales y negligencia en el servicio, según la nota oficial que anunció la vista.

El cargo de "manipulación u ocultación de información de interés para el Estado" publicado el día de su detención, en cuyo ambiguo enunciado muchos creyeron encontrar el nexo de Abrantes con las actividades del general Arnaldo Ochoa, Antonio la Guardia y los oficiales que ejecutaron los acuerdos con el capo del narcotráfico colombiano Pablo Escobar no aparece en el actual pliego incriminatorio.

El ocultamiento de información podría considerarse, según determinadas interpretaciones jurídicas, como traición a la patria, y derivarse de ello una fuerte condena.

Policía en desgracia

Abrantes, uno de los escucha, más cualificados de Fidel Castro y responsable de su seguridad personal desde la guerrilla de Sierra Maestra, compareció abatido y con uniforme militar ante el tribunal especial que juzgarlá también a dos generales del departamento, tres tenientes coroneles y un funcionario del ministerio que dirigió una empresa de abastecimiento. La televisión cubana ofreció una breve secuencia del inicio de la primera sesión y, una toma fugaz de la amargura del policía en desgracia.La detención de su viceministro primero y hombre de confianza, general de división Pascual Martínez Gil, fue conocida al aparecer su nombre en la relación de oficiales sometidos ahora a proceso por cohecho, apropiación indebida o tenencia ilegal de armas no autorizadas. El jefe de los servicios de inmigración, general de brigada Roberto González Caso, figura en la lista de reos; servida por la inteligencia militar, cuyos cuadros han ocupado el Ministerio del Interior, dinamitado por Castro cuando se: descubrió el escándalo.

Los tenientes coroneles Manuel Gil, Rolando Castañesa y, Óscar Carreño, y Héctor Carbonell, responsable de una empresa adscrita al ministerio, completan el banquillo de los acusados en lo que se ha venido a llamar causa, número 2 de 1989.