El Gobierno colombiano acosa a los narcotraficantes

El Gobierno colombiano respondió ayer con cinco nuevas y drásticas medidas a la guerra contra todos que el jueves declararon los extraditables. Por primera vez en la historia, es considerado en Colombia el delito de enriquecimiento ilícito para particulares, punible con penas de entre cinco y 10 años. El nuevo decreto de estado de sitio confiere al Ejecutivo instrumentos para controlar las pistas de aterrizaje y el tráfico aéreo. Pero las determinaciones más importantes son las que garantizan que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia se mantendrán en secreto, y que los bienes allanados durante esta ofensiva frontal contra el narcotráfico pasarán de forma rápida a manos del Gobierno.

Según las; nuevas medidas, los dueños de los bienes incautados tienen un plazo de cinco días para presentarse ante las autoridades clompetentes y demostrar que el bien fue adquirido legalmente. De lo contrario, estas propiedades serán destinadas definitivamente a entidades estatales.La medida que determina que los decretos de orden público serán realizados en secreto por la, Corte Suprema de Justicia tiene el objetivo de garantizar la vida de los magistrados del máximo tribunal del país. El Gobierno eliminó la norma que dejaba en manos de un solo magistrado el presentar la ponencia de la constitucionalidad o no de los decretos de estado de sitio. "La sala constitucional adoptará, sus decisiones por mayoría de votos, sin que haya necesidad de indicar el nombre de los magistrados que aprobaron la ponencia, ni de los disidente", dice un párrafo del nuevo decreto. En 30 días, este máximo tribunal de justicia se deberá. pronunciar sobre las últimas medidas del Gobierno. La más polémica es la que pone de nuevo sobre el tapete el tratado de extradición. Los bienes rurales, por otro lado, pasarán al Fondo Nacional Agrario, y los urbanos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Dentro de la guerra anunciada por los extraditables, se incluye la "guerra a los magistrados extraditadores". Varios jueces denunciaron que han recibido ya informaciones según las cáales se anuncia que morirán 10 jueces por cada detenido enviado a la justicia de EE UU. El presidente, Virgillo Barco, anunció que próximamente serán enviados a ese país tres de los llamados extraditables, pero no dio sus nombres. Ayer se supo que Fredy Rodríguez Gacha, hijo de Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los grandes del cártel de Medellín, cayó en una de las redadas efectuadas por las autoridades.

El nuevo paquete de medidas se dio a conocer 12 horas después del anuncio de guerra total declarado por los extraditables: al Gobierno, industriales, políticos, magistrados y peridistas. Su anuncio estuvo respaldado por brutales atentados terroristas. En lo que fue llamado un día negro, el jueves fueron voladas en Medellín dos sedes políticas, desactivadas cargas coloca das en tres emisoras y quemadas tres fincas.

Las víctimas de estas acciones fueron el senador socialconservador Ignacio Vélez, el ex ministro de Hacienda, Edgard Gutiérrez y Augusto López, presidente de Bavaria, empresa considerada de la clase industrial colombiana. Los tres casos fueron similares. Hombres fuertemente armados llegaron a las fincas, las rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Ayer, los mismos emisarios de los extraditables llegaron a la sede del club campestre de Río Negro y quemaron parte de sus instalaciones.

Ola de terror

Ante esta ola de terror, el alcalde de Medellín, Juan Gómez, repitió que es partidario de dialogar. "La guerra se resuelve en la mesa de negociaciones". Un portavoz del grupo guerrillero M-19 respaldó esta posición.

En el campo político, la propuesta de un referéndum cobra fuerza día a día. Podría convocarse este mismo año. En cuanto a las campañas políticas, suspendidas a raíz del asesinato del candidato liberal Luis Carlos Galán, ayer se empezó a pensar, muy en serio, que largos mensajes televisados podrían reemplazar, en gran parte, los discursos en la plaza pública.

En Colombia no hay garantías para que los candidatos se enfrenten cara a cara con sus seguidores. Según el ex presidente socialconservador Michael Pastrana, el terrorismo político no terminó en la plaza de Soacha, en donde fue acribillado Luis Carlos Galán. Según el ex presidente, el terrorismo político apenas ha comenzado.

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