Agricultura desconoce el origen de los nuevos focos de peste
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El subdirector general de Sanidad Animal, del Ministerio de Agricultura, Carlos Escribano, declaró ayer a este periódico que se va a iniciar una minuciosa investigación para determinar las causas de los nuevos brotes de peste equina detectados en Huelva y en Sotogrande (Cádiz), ya que se desconoce "su origen". El número de caballos fallecidos en Huelva por este brote es de 23, según las cifras oficiales, aunque los datos facilitados por veterinarios de la zona indican quelas muertes podrían superar la treintena. A ellos hay que sumar otros seis fallecidos en la finca gaditana. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicará hoy, viernes, las normas decretadas para combatir la nueva epidemia.
En su orden, la Junta "confirma clínicamente la existencia de peste equina" en las localidades onubenses de Lucena del Puerto, Moguer, Palos de Moguer y San Juan del Puerto, sin esperar al resultado de los análisis de las vísceras de los caballos fallecidos.Los propietarios de caballos trasladaron ayer a numerosos ejemplares a zonas que hoy no quedarán afectadas por las normas de inmovilización.
Agricultura declaró ayer que se están adoptando todas las medidas necesarias para controlar la epidemia. A pesar de ello, Carlos Escribano manifestó su preocupación tras la confirmación del nuevo brote en Huelva. "Ya no hay la menor duda", señaló.
Escribano agregó que está muy preocupado por la imagen que se está dando en el extranjero sobre la sanidad animal en España. Jaime Rivera, presidente de la Federación Hípica Española, se trasladó ayer a Rotterdam (Holanda) para entrevistarse con miembros de la Federación Ecuestre Internacional (FEI). Rivera mantuvo ayer un primer contacto con miembros de la FEI para informarles del proceso en el que se encuentra la peste equina, aunque la reunión formal se celebrará hoy o mañana.
La opinión de la FEI será decisiva para la celebración de las pruebas de hípica de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ya que este organismo enviará un informe sobre la situación sanitaria en España a las diferentes federaciones.
Carlos Escribano, a la pregunta de si España iba a ser declarada país endémico, respondió: "Esta no es una medida que se adopte en un organismo. Lo cierto es que desde que seconoció la existencia de nuevo de esta enfermedad no paran de llegar comunicaciones de las embajadas y de las autoridades sanitarias de diferentes países prohibiendo una vez más la entrada en sus territorios de caballos procedentes de España".
Vacunas
La Junta de Andalucía ha solicitado el suministro de 100.000 dosis de vacunas contra el serotipo 4, causante de los nuevos brotes. La Junta sólo dispone en la actualidad de 3.800 vacunas, cuando son necesarias unas 65.000. Según el director general de Ganadería, Gerardo de las Casas, hoy podrían recibirse 25.000 nuevas dosis.
Por su parte, el portavoz de los propietarios de caballos de la provincia de Huelva, Manuel Barroso Molina, anunció ayer que solicitarán "una indemnización a la Junta de Andalucía". Los propietarios de caballos criticaron "la incalificable lentitud de la Junta de Andalucía en actuar ante el nuevo brote epidérnico", informa . Según algunos veterinarios onubenses, "las muertes de caballos continúan produciéndose en la provincia de forma incontrolada".
Mientras, el Comité Organizador Olímpico Barcelona 92 (COOB) mantiene su próposito inicial de celebrar las competiciones hípicas de los Juegos Olímpicos de 1992 en el miniestadio del Fútbol Club Barcelona y en la localidad de Seva, a unos 70 kilómetros de la capital catalana. Fuentes del comité organizador reiteraron ayer que cualquier cambio de ubicación de las pruebas debería ser dictado por el Comité Olímpico Internacional (COI) y por la Federación Internacional de Hípica, informa la redacción de EL PAIS en Barcelona.
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña anunció ayer la apertura de un expediente sancionador a la ganaderia Domecq por haber trasladado seis caballos gaditanos a Barcelona contraviniendo una prohibición expresa de las autoridades autonómicas.
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