Justicia preparara con los funcionarios planes de seguridad para todas las prisiones

El Ministerio de Justicia se comprometió ayer a elaborar, conjunta mente con el Ministerio del Interior y los representantes sindicales de los funcionarios de prisiones, planes de seguridad en cada uno de los centros penitencarios españoles antes de enero de 1990 y a ponerlos en práctica una vez finalizado junio de ese mismo año. Esta es la principal novedad de las negociaciones mantenidas el miércoles y ayer entre representantes del Ministerio de Justicia y los sindicatos mayoritarios en el sector: Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), UGT y CC OO.

Enrique Múgica, ministro de Justicia, manifestó en una posterior conferencia de prensa, que "la política del Gobierno" en materia penitenciaria a los etarras presos es "eficaz" y auguró que "pronto tendremos los primeros resultados".Las negociaciones entre Justicía y sindicatos se han saldado con el reconocimiento por parte de la Administración de la necesidad de mejorar la seguridad en las cárceles. Se ha acordado la creación de una Comisión de Seguridad General, integrada por miembros de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por los funcionarios competentes en materia de seguridad de cada uno de los centros penitenciarios y por los representantes sindicales.

Independientemente de este organismo central se ha acordado también la "constitución de una comisión de seguridad en cada centro penitenciario integrada por el subdirector de seguridad, el administrador de la misma, un representante del Gobierno Civil y los diferentes representantes sindicales". Estas comisiones "elaborarán corijuntamente con el Gobierno Civil un plan de seguridad para el centro", añade el acuerdo. En cada plan se tendrán en cuenta las medidas de autoprotección, formación y reciclaje en materia de seguridad personal de cada funcionario, así como la protección de cada cárcel. La normativa de seguridad se hará extensiva al perímetro que rodea la prisión y, en especial, a los relevos de funcionarios.

"Los proyectos de dichos planes deben estar redactados en el mes de diciembre de 1989 y su ejecución finalizada en junio de 1990", añade el acuerdo.Enrique Múgica no quiso detallar el aumento presupuestario que supondrán estos planes, pero señaló que el "Gobierno es consciente de la prioridad en los temas de seguridad".Condiciones laboralesLos sindicatos han conseguido arrancar igualmente a la Administración un compromiso de modificar en un futuro las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, por entender que al aceptar las nuevas medidas de seguridad hay recatalogar los puestos de trabajo. Esta negociación comenzará en la primera semana de septiembre y su duración se prolongará hasta el 25 de noviembre, "sin perjudicio de la fijación de prórrogas posteriores", según indica el texto aprobado. Esta frase estuvo a punto de ocasionar a última hora de ayer la negativa de los sindicatos a firmar el acuerdo, al entender que daba demasiado margen a la Administración.

La negociación laboral incluirá la revisión de horarios y turnos, la jubilación y pensiones, la seguridad e higiene en el trabajo y las vacaciones y días compensatorios. Asimismo se tendrán en cuenta 1a modificación en la relación de puestos de trabajo", y "todos cuantos aspectos de las condiciones laborales se consideren modificados por las nuevas circunstancias". "Los firmantes acuerdan", agrega el texto, "la creación de una comisión para el estudio de la progresiva homologación con los demás cuerpos de la Administración en materia de promoción profesional".

Los sindicatos mostraron su satisfacción por el pacto alcanzado, al que calificaron de"triunfo de la clase trabajadora", y señalaron que los acuerdos serán sometidos a referéndum entre los funcionarios. Los trabajadores de diferentes cárceles acogieron el acuerdo con diversidad de posturas, aunque predominaba el optimismo.

Por otro lado, Múgica aseguró que la política gubernamental de dispersión de presos etarras va a continuar y resaltó el que todas las fuerzas democráticas del Estado, "incluidas las vascas", no han puesto pegas a la misma. Múgica dijo que ETA "está intentado imponer a sus presos una política de dureza, creando tensiones. Sabemos que es un colectivo dividido, digan lo que digan las gestoras proamnistía".

El ministro no acudió en ningún momento a la sala donde se llevó a cabo la negociación. Ello obligó a An-oni Asunción, director general de Instituciones Penitenciaria.s, a continuos traslados de la sala de reuniones al despacho d.-I titular del departamento.

No obstante Múgica precisó que había seguido la negociación de 1a A la Z". En prol esta por la ausencia del ministro los sindic,atos se negaron a que el acuerdo lo firmase éste, 4uedando suscrito tan sólo por el director de Instituciones Penitenciarias y las tres organizaciones sindicales.

[Los funcionarios de la cárcel de Algeciras, en Cádiz, hicieron público ayer un corriunicado en el que aseguran que en ningún momento han pretendido "amenazar a internos de ETA", informa Jesús Arias].