El Ebro empieza a abastecer de agua a un millón de tarraconenses
El agua del río Ebro llega desde ayer a Tarragona, con un mes de retraso sobre el calendario previsto por el Ministerio de Obras Públicas (MOPU) y la Generalitat. La causa de la demora ha sido los enfrentamientos entre la Generalitat y la Comunidades de Regantes del canal izquierdo del Ebro. El coste de esta gran obra de ingeniería ha ascendido a 18.000 millones de pesetas. La polémica historia del minitrasvase del río Ebro quedó cerrada ayer, cuando el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el titular del MOPU, Javier Sáenz Cosculluela, inaguraron las obras de trasvase y de canalización de 102 kilómetros, que permiten llevar las aguas del Ebro al Camp de Tarragona para abastecer a 21 municipios y a otras tantas industrias, y mitigar la sed de alrededor de un millón de personas.
La historia del proyecto se remonta a 1979, cuando Josep Lluch, máximo dirigente de la Comunidad de Regantes del Ebro, propuso al Gobierno de UCD una singular solución para llevar el agua del Ebro a la comarca del Camp de Tarragona. La sugerencia de Lluch escondía un proyecto menos ambicioso pero más interesado: reconstruir los canales de riego de la margen izquierda del Ebro sin que los campesinos tuvieran que pagar ni una peseta. La renovación de los canales generaría un caudal sobrante de cuatro metros cúbicos por segundo, con el que se abastecería de agua a los municipios e industrias de Tarragona. Estos, en compensación, financiarían las obras y paganan un canon anual de mantenimiento.La propuesta de Lluch, que provocó una tempestad política en Tortosa y Zaragoza, donde históricamente se ha reivindicado la propiedad de las aguas del Ebro, obtendría luz verde dos años más tarde, a través de una ley aprobada por el Parlamento a propuesta del Gobierno.
La precipitación con la que se llevó adelante el caso hizo que quedaran algunos aspectos por resolver, en torno a los cuales se originaría posteriormente una dura polémica, cuyos principales protagonistas serían la comunidad de regantes y el propio Lluch. El objetivo de la maniobra era reabrir las negociaciones para mejorar las condiciones pactadas con la Administración.
La protesta llegó a su cénit en octubre de 1988, cuando las fuerzas políticas de Tortosa anunciaron un boicoteo a una visita deJordi Pujol. La mediación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro solucionó finalmente las controversias.
Los tarraconenses que consumirán el agua del ministrasvase han asistido con indiferencia a las campañas contrarias a esta obra, lanzadas por colectivos ecologistas contra la supuesta contaminación radiactiva del suministro. El principal obstáculo para los opositores al proyecto no han sido las garantías institucionales de potabilidad del agua, sino la sal: la petroquímica ha elevado a niveles extremos la salinidad de las reservas acuíferas de Tarragona. Ésto ha repercutido notablemente en las economías familiares, que además de asumir el consumo de agua embotellada han de hacer frente a las frecuentes averías que la sal causa en los electrodomésticos.
