En busca del diálogo perdido

LOS SINDICATOS españoles no se han movido ni un ápice en su posición de crítica frontal a la política económica del Gobierno, como han tenido oportunidad de hacerlo público una vez más a propósito de las medidas de ajuste anunciadas por el Ejecutivo la semana pasada. Sin embargo -tal vez después de hacer una lectura más detenida de las escasas consecuencias políticas de la huelga general del 14-D-7 y de la sostenida hegemonía electoral del partido socialista-, parecen dispuestos a basar su estrategia en un programa de alternativas a medio plazo, ensanchando el marco del diálogo a un ámbito más amplio que la confrontación con el Ejecutivo, más que en el pulso cotidiano para la obtención de reinvindicaciones concretas. Ello no significa abandonar estas últimas, y tanto UGT como Comisiones Obreras han anunciado posibles movilizaciones para el otoño en su defensa, pero abre perspectivas para la recuperación de un diálogo social cuyos funerales fueron oficiados hace ya algunos meses.Las 20 medidas propuestas por UGT y CC OO indican esta visión del medio plazo que en otros momentos les ha faltado. Queda por ver si el Gobierno va a recoger la mano tendida que se le ofrece, en unos momentos especialmente delicados para su acción económica, o si, encastillándose en sus razones y en su poderío, se muestra decidido a profundizar por las bravas en un ajuste económico que no mostraba una dureza similar desde el año 1984.

Los augures no pueden ser más pesimistas. El ministro de Economía, Carlos Solchaga, pudo haber roto definitivamente los puentes al afirmar que su política económica no necesita de legitimación sindical alguna, sino de buenos resultados, y éstos están a la vista. No cabe una visión más tecnocrática del oficio de administrar. Añadiendo leña al fuego, la ministra de Asuntos Sociales y antigua dirigente ugetista, Matilde Fernández, se ha descolgado con unas declaraciones en las que admite, con la galanura del que se convierte del sindicalismo al despotismo ilustradro, que el proyecto socialista no necesita de la Unión General de Trabajadores para llevarse a cabo. Si estas manifestaciones fueran el fiel reflejo de la posición conjunta del Gobierno, se daría al traste con una ocasión de oro para retomar una fórmula institucional -la del diálogo de los agentes sociales con el Gobierno- que ha servido de modo efectivo al fortalecimiento de los comportamientos democráticos en España y forma parte de la cultura -todavía no desterrada- socialdemócrata europea. Cada vez más, la principal diferencia entre los Gobiernos conservadores y los progresistas en materia macroeconómica es, dado el escaso margen de maniobra con el que actúan, la concertación de las medidas aplicadas y no su aplicación unilateral, sin pactos previos.

El momento económico- social exige en España más que nunca la recuperación de este tipo de diálogo. La política económica, aunque abundante en magnitudes positivas, no es perfecta, y algunos desequilibrios están a la vuelta de la esquina; por ejemplo, la inflación o el desorbitante déficit comercial. La experiencia indica que no hay caminos en otra dirección para corregir esta coyuntura que el de las medidas estabilizadoras que disminuyen la liquidez de los ciudadanos. Pero recorrerlos en solitario, sin evaluar con los agentes sociales su repercusión y sus consecuencias redistributivas es un grave riesgo que puede derivar en el deterioro de la paz social y afectar al éxito del propio plan. En la denominada propuesta sindical prioritaria, presentada el pasado martes, existe intérés suficiente y elementos de buena voluntad -por ejemplo, en la autorregulación de los conflictos y en la negociación de los servicios míninos- como para que patronal, sindicatos y Gobierno se sienten y agoten las posibilidades de un pacto, cuya consecución iría en beneficio de todos los consumidores y nos acercaría a la Europa más vertebrada que existe.

El diálogo social será tanto más fácil de retomar en la medida en la que los sindicatos dejen de alimentar sospechas sobre un pretendido protagonismo político que desborde a la estricta negociación económico-laboral. Pero igual de importante es que los miembros del Gobierno reconozcan sin veladuras, cambios de humor ni excepciones el papel vertebrador que en las democracias modernas corresponde a sindicatos, patronales e instituciones intermedias. La ola de huelgas que se abate en estos días sobre el Reino Unido demuestra hasta qué punto una política económicosocial diseñada en momentos de euforia electoral, al margen o en contra de los agentes sociales, resulta antes o después inviable. Dicho con otras palabras: planificar en solitario no pasa de ser un sueño que acaba siempre con un amargo despertar.