Se acabó la fiesta

APENAS CUATRO días después de que Carlos Solchaga hiciera sonar los primeros clarines del ajuste, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas drásticas con el objeto de reducir la demanda interna y facilitar lo que el propio Ejecutivo califica como el aterrizaje suave de una economía recalentada. La demanda interna española está creciendo al 7% anual. Con las medidas anunciadas -que se traducirán en la retirada del mercado de medio billón de pesetas el Gobierno espera reducir ese crecimiento a una tasa del 4%. Hay expertos que sostienen, sin embargo, que ese ritmo debería descender todavía más para conservar los equilibrios generales.Pero mientras que es muy probable que el abanico de decisiones adoptadas presionen a la baja la demanda interior, provocando así un efecto beneficioso sobre los precios y una disminución de las tensiones inflacionistas, no es seguro que actúe con la misma contundencia sobre el déficit del sector exterior, otro de los desequilibrios básicos de la actual economía española. Las previsiones iniciales, que habían situado el déficit por cuenta corriente para este año en unos 2.000 millones de dólares, se corrigieron más tarde al alza y se cifraron en unos 5.000 millones. En estos momentos, los pronósticos más serios señalan que esa cantidad puede superar los 8.000 millones al final del año.

Algunas de las medidas adoptadas el viernes, en especial la elevación de los coeficientes de caja de los bancos, así como la subida el día anterior de los tipos de interés del Banco de España supondrán un encarecimiento del dinero y, en consecuencia, una revaluación de la peseta. Y aunque, de acuerdo con las condiciones de la entrada de la peseta en el Sistema Monetario Europeo, esa apreciación no deberá superar el 6% sobre el tipo de cambio básico respecto del marco alemán, lo cierto es que la falta de competitividad de nuestras exportaciones no ayudará ciertamente a mejorar el enorme déficit comercial. En algunos países se han probado otras fórmulas para actuar sobre el consumo sin necesidad de acudir a medidas monetarias puras. Entre ellas está, por ejemplo, la regulación de las ventas a plazo, un sistema directo de desestimular el consumo sin provocar efectos secundarios no deseados.

En cualquier caso, el paquete de medidas de ajuste adoptado deberá tener necesariamente un carácter provisional, porque dos de las más importantes -la elevación del coeficiente de caja y la elevación de las retenciones de las rentas del capital- van en contra de las corrientes de fondo de los mercados europeos. La primera choca, en efecto, con el proceso de liberación del sistema financiero que culminará con el mercado único en 1993, y la segunda contradice la tendencia general hacia la reducción de las retenciones como consecuencia de la progresiva homogeneización de los mercados de capital.

Inconvenientes y contraindicaciones aparte, lo cierto es que era urgente adoptar medidas para frenar el crecimiento descontrolado de la economía y, en ese sentido, es muy positivo que el Gobierno se haya decidido a iniciar el ajuste sin más dilaciones. De nuevo hay que lamentar el que no se haya producido un amplio debate sobre la situación (parecía que estábamos en el mejor de los mundos posibles) y la ausencia de un diálogo social prolongado, que en estas circunstancias se revela más necesario que nunca. Ningún plan para ajustar la demanda interna tendrá una eficacia prolongada si no va acompañado al mismo tiempo de un control en el crecimiento de los salarios, y ello no es posible sin negociar con los sindicatos. Como era de esperar, la primera reacción de los dirigentes sindicales a las medidas del Gobierno han sido negativas. Ahora se va a pasar la factura de la ruptura social del pasado otoño. Será muy difícil que se consiga el apoyo de las organizaciones sindicales a un impopular plan de estabilización cuando en los momentos de prosperidad fueron ignoradas sus demandas. Nunca es tarde, sin embargo, cuando el objetivo final justifica los esfuerzos y las concesiones de cada parte. La concertación social se muestra, de nuevo, imprescindible para cualquier política económica que no se haga desde el despotismo ilustrado.