Hacienda investiga otra bolsa de 'dinero negro' de más de 1,5 billones en la cesión de créditos bancarios

ANDREU MISSÉ, Hacienda ha descubierto una nueva bolsa de dinero negro en varias entidades financieras cuya cuantía se sitúa entre 1,5 y 1,7 billones de pesetas, según estimaciones de los inspectores que investigan el caso. El nuevo producto consiste en la cesión a particulares o empresas de partes de préstamos otorgados por entidades financieras a los que no se practica retenciones por los rendimientos obtenidos. Tras la manifestaciones del profesor Enrique Fuentes Quintana, consejero del Banco de España, que anunciaba una próxima intervención de las autoridades monetarias, el Gobierno ha decidido actuar con la mayor urgencia sobre el tema.

El Consejo de Ministros, podría aprobar hoy un decreto ley por el que se exigiría a las entidades financieras información sobre la cesión de activos. También está previsto que el mismo u otro decreto apruebe una subida de las retenciones sobre los rendimientos del capital del 20% al 25%.El Gobierno, dentro del paquete de medidas fiscales y monetarias que ultima para reducir el crecimiento del consumo y la demanda interna, incluirá la subida, en un 5%, de las retenciones de los rendimientos del capital: dividendos e intereses por activos financieros y cuentas corrientes.

La cesión de créditos, que técnicamente se identifica como un Resguardo de depósito del contrato de cesión del préstamo número X, ha sido un resultado típico de la llamada ingeniería financiera que desarrollan las entidades en su búsqueda de nuevos activos que esquiven la tributación fiscal. En muchos de los casos detectados, el nuevo instrumento se ha generado a través de la cesión de préstamos entre bancos y sus entidades filiales.

Un ejemplo de la mecánica de este tipo de cesiones de préstamos es la siguiente: Un banco concede un préstamo de 1.000 millones de pesetas a otro banco o a una empresa con unas condiciones determinadas. Pero en lugar de poner el dinero el banco prestamista, éste es proporcionado por 10 clientes privilegiados, a razón de 100 millones de pesetas cada uno. Es decir, el banco invita a sus depositantes privilegiados a participar en el préstamo concertado.

Depósito especial

En la práctica, los clientes efectúan un simple depósito que recibe unos intereses que paga, a través del banco, la empresa que finalmente recibe el préstamo. La ventaja de esta fórmula es que los intereses obtenidos por estos 10 clientes privilegiados no están sujetos ni a retención ni a información a Hacienda, por no estar regulado el régimen fiscal de estas operaciones.

La compra de participaciones de crédito por parte de los inversores debe tributar a Hacienda como cualquier otro activo financiero, pero una regulación insuficiente ha convertido estas prácticas en refugio del dinero negro.

Las entidades han tenido en cuenta las lagunas existentes en la legislación fiscal. Por una parte, han aprovechado la redacción de la ley 14/1985 de Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros, que no especifica que se deban aplicar retenciones a los rendimientos obtenidos en la cesión de créditos.

También se benefician del contenido del Real decreto 2529/1986 por el cual se regula la declaración o relación anual que deben presentar los empresarios o profesionales acerca de sus operaciones con terceras personas. Dicho real decreto, que exige a las entidades financieras la presentación de la relación de sus clientes que hayan efectuado operaciones superiores a 500.000 pesetas durante, no regula los supuestos de cesión de préstamos.

Se reproduce así un conflicto similar al planteado por las primas únicas en que las entidades se oponían a facilitar la información. Hacienda se apoyará de nuevo en el artículo 111 de la Ley General Tributaria, -como ya hizo con las primas únicas- para requerir la información a las entidades financieras.

Por otra parte, algunas entidades se han negado a facilitar certificados de pagarés bancarios a sus antiguos clientes quienes los habían solicitado para justificar el origen de sus capitales invertidos en primas únicas. Estas entidades temen que si identifican a los titulares de un cierto número de estos pagarés, que eran al portador, Hacienda les podría pedir finalmente la relación completa de todos.