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La Warner aplica con el filme 'Batman' un sistema para detectar los vídeos piratas

Esta actividad delictiva alcanza astronómicas cifras de defraudación

Los estudios cinematográficos norteamericanos Warner Bros han imprimido en las emulsiones de las 4.000 copias distribuidas de su filme Batman, estrenado en Estados Unidos el pasado 23 de junio, marcas codificadas invisibles en celuloide pero que se hacen visibles al ser reproducidas en soporte de vídeo. Este sistema permitirá detectar las copias del filme comercializadas por los llamados piratas del vídeo, plaga de defraudadores que hacen fortunas a costa de los productores de cine. En Estados Unidos, los piratas del vídeo son perseguidos de oficio por el FBI.

Según fuentes de esta empresa productora, Warner y otros estudios de Hollywood ya han empleado en algunos de sus filmes sistemas similares a éste, pero menos perfeccionados, para detectar las copias clandestinas puestas en circulación por los traficantes piratas del vídeo. El nuevo sistema de códigos electrónicos incorporados a la emulsión del filme permite la identificación automática de cualquier copia pirateada, y se espera su generalización en la producción hollywoodiense.La piratería del cine, un verdadero cáncer para la rentabilidad de los filmes, se está investigando por la policía federal del FBI, pues en Estados Unidos constituye un delito perseguido de oficio -como cualquier otro robo común- que está penado hasta con cinco años de prisión y multas de hasta un cuarto de millón de dólares. Según fuentes de la Warner, esta compañía, junto con otras de la industria cinematográfica estadounidense, "han cazado [sic] a más de 3.799 establecimientos de pirateo de filmes en todo el inundo".

Piratas en España

Las dimensiones de este tráfico clandestino de filmes son enormes y de alcance mundial. En España existe una gran demanda de videocasetes es el cuarto país del mundo, tras Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, y por tanto segundo de Europa, en consumo de vídeos - lo que constituye un caldo de cultivo muy propicio al desarrollo del pirateo.

Según datos proporcionados por la Fundación para el Desarrollo de las Comunicaciones (Fundesco), el dinero ingresado por los videoclubes españoles triplicó en 1988 a los ingresos del cine en las taquillas de nuestros cines. Según estos cálculos, los cines ingresaron durante el pasado año alrededor de 30.000 millones de pesetas, mientras que los ingresos por venta y alquiler de filmes en videocasete superaron los 80.000 millones.

Una reciente información procedente de la división española de la distribuidora multinacional Cic-video estima que en nuestro país por cada videocasete que esa empresa vende o alquila dos son pirateados, lo que sitúa las desviaciones fraudulentas del dinero generado por el cine en cifras difíciles de cuantificar con exactitud, debido a su enormidad.

Una estimación del llamado Comité Unitario de la Cinematografía, que representa a todos los sectores de la profesión cinematográfica española, considera que, tan sólo en lo relativo a cine español, las cifras de pirateo, mediante visdeocasete alcanzan alrededor de los 13.000 millones de pesetas, aunque fuentes de organizaciones privadas antipiratas se inclinan hacia una cifra mayor.

Impunidad

Estas organizaciones privadas antipiratas, según fuentes de la Warner, tienen en la actualidad a su servicio unos 400 investigadores y agentes especializados trabajando en muchos países, entre ellos España, y su tarea se concentra en la detección de copias clandestinas de filmes. Según fuentes del antes citado Comité Unitario del Cine, en España los piratas del vídeo llevan a cabo sus actividades en medio de una completa impunidad", lo que contrasta con el hecho de que en los Estados Unidos sea el FBI el eje de lucha antipiratería.

Es impresión generalizada en los sectores cinematográficos españoles y en las distribuidoras extranjeras que actuan en España que estas actividades debieran ser perseguidas de oficio por los cuerpos de la policía del Estado y policías autonómicas, ya que se trata de denuncias de delitos comunes contra la propiedad.

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