Un clima de enfrentamiento

Desde que se legalizó el juego en España, los roces entre los empresarios y la Administración han sido frecuentes. Con la llegada a Interior de José Luis Corcuera el tono de la polémica subió algunos grados, porque su nuevo equipo estableció que el sector había crecido de un modo alarmante y desordenado.El grupo dirigido por Santiago Varela, subsecretario de Interior y presidente de la Comisión Nacional del Juego, aporta las siguientes consideraciones: unos 90.000 españoles constituyen la clientela básica de los 22 casinos que hay en España y efectúan un gasto medio por persona de unas 300.000 pesetas al año. Entretanto, otro colectivo de unas 750.000 personas se gasta en las 340.000 tragaperras instaladas en unos 220.000 bares un promedio de 350.000 pesetas por persona y año.

Son datos que los empresarios consideran hinchados. Sin embargo, Santiago Mendioroz, secretario técnico de la Comisión Nacional del Juego, deduce tales conclusiones del llamado Libro Blanco del Juego, para fundamentar el diagnóstico de que la situación es dificilmente sostenible.

Objetivos

En los contactos mantenidos con los empresarios privados durante los pasados meses, la Administración ha ido perfilando algunas líneas de actuación. En relación con las tragaperras, el objetivo último consiste en llegar a una sola máquina por bar, con un premio máximo acumulado de 5.000 pesetas.

Por lo que se refiere a los casinos, un campo en el que Barrionuevo dejó convocado el concurso para la concesión de cuatro nuevas salas, el equipo de Corcuera se propone, entre otras cosas, lograr una mayor transparencia en la propiedad de estas entidades, que realizan complejas transacciones de dinero. En ese sentido, planteará la exigencia de que los aspirantes a abrir un casinojusti iquen positivamente, y no por simples avales bancarios, el origen del patrimonio que proyectan invertir en el mismo.

La misma transparencia persigue la Administración en el caso de los bingos, cuya gestión es desempeñada actualmente por empresas contratadas por las concesionarias que, según ley, no han de tener fines lucrativos.

El pasado mes de abril, Mendioroz comunicó a los empresarios del juego que para mediados de julio la comisión nacional tendría listos sendos proyectos de nuevos reglamentos para estos tres sectores: tragaperras, casinos y bingos.

Al parecer, sólo el proyecto de reglamento de tragaperras va a tener una salida inmediata por la fórmula de un decreto. Asimismo, en breve plazo se fallará el concurso sobre los cuatro casinospara la comunidades autónomas de Asturias, la Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura.