Dinero negro

EL FALLO de la Audiencia Nacional que ordena a La Caixa entregar las listas de los titulares de seguros de prima única supone un importante avance en la larga batalla que viene librando Hacienda para lograr la tributación de una importante masa de capitales que hasta ahora ha escapado a su control. Estas listas permitirán a la Administración comprobar el grado de cumplimiento fiscal de unos depósitos próximos al billón de pesetas. Otras resoluciones de la Audiencia, relativas a compañías (La Unión y El Fénix y La Estrella) que también utilizaron estos seguros para captar depósitos, han revelado que en la mayor parte de los casos no han tributado a Hacienda. En suma, casi dos billones de pesetas que deberán pasar del negro o el gris al blanco.Pero esta actuación por la normalización fiscal del país debe continuarse abriendo nuevos frentes para acabar con las irregularidades descubiertas con otros activos, como las letras del Tesoro (unos cuatro billones de pesetas, con muchos titulares falsos o inexistentes) o la contradictoria y privilegiada situación que disfrutan los pagarés del Tesoro (cinco billones de pesetas).

Las anomalías en la tributación de los capitales se han producido en buena medida por la confusión que supone la superposición de tres tipos de obligaciones distintas: la obligación de informar, la obligación de retener y la obligación de tributar. Hasta ahora, la Administración no ha sido capaz de deslindar suficientemente estas obligaciones, lo que ha creado un magma de confusión que ha sido hábilmente aprovechado por algunas instituciones y contribuyentes.

En el caso de las primas únicas, por ejemplo, algunas entidades han conseguido captar un importante volumen de recursos argumentando que los depósitos colocados en estas pólizas no había que declararlos. Ello significaba ya una proposición con una buena dosis de ambigüedad y permitía cierta complicidad con sus clientes. La verdad es que la entidad no tenía el deber de retener los intereses generados en estos depósitos ni la obligación de informar regularmente a Hacienda de estas operaciones. Sin embargo, ello no eximía al contribuyente de su obligación de declarar al fisco los rendimientos obtenidos.

Todo parece indicar que la mayor parte de los pequeños ahorradores desconocía sus obligaciones fiscales reales como titulares de primas únicas. Al no estar sujetos a retención ni a información regular, se podía fácilmente inducir al error de que estaban exentos de tributación, aunque alguna entidad, como La Caixa, haya tomado la cautela de curarse en salud y enviar todos los años a sus clientes, junto al extracto de la cuenta, un recordatorio de sus obligaciones fiscales. Evidentemente, estos argumentos de la ignorancia y la confusión no valen para los titulares de grandes fortunas, quienes sabían muy bien lo que se jugaban. Hacienda debe distinguir claramente entre unas y otras conductas.

Al trascender el considerable volumen que adquirieron estas operaciones, Hacienda aprovechó las facultades que le concede la inspección y ha solicitado toda la información sobre estas pólizas. Esta vía, respaldada por la Audiencia, ha supuesto, no obstante, un trato discriminatorio para las entidades de seguros y cajas en relación con el trato que en 1985 recibieron los bancos. En aquella ocasión, la ley de Activos Financieros, que puso fin a la opacidad fiscal de los depósitos bancarios, no se aplicó con efectos retroactivos. Fue un borrón y cuenta nueva y los bancos aceptaron que en el futuro informarían de todos sus depósitos.

Encauzada ya la normalización fiscal en el campo de las primas únicas, la Administración debe emprender ahora sin más demoras el camino que ponga fin a la situación de privilegio y contradicción en que se mueven los pagarés del Tesoro. Aunque no se puede olvidar que en su baja retribución los pagarés ya llevan implícita una fuerte tributación, la necesidad de dar un tratamiento uniforme a todos los activos financieros y la armonización fiscal que debe impulsar la Comunidad Europea exigen una solución equitativa para este problema.

En el caso de los pagarés del Tesoro, la contradicción entre la teoría y la práctica es flagrante. Por ley, el Estado renuncia a aplicar retenciones sobre sus rendimientos y no pide información sobre los mismos. Pero la ley no exime a sus titulares de la obligación de declarar los intereses obtenidos. Sin embargo, al margen de la norma, el Gobierno ha hecho un guiño a sus poseedores, dándoles a entender implícitamente que por estas rentas no reclamará nada. Un trato de favor de facto que, aunque pudo tener unos orígenes justificados, después del contencioso de las primas únicas resulta insostenible. ¿O acaso el dinero negro es menos negro porque esté incorporado en activos emitidos por el Estado? ¿O es que es exigible más alta conciencia a las entidades privadas que a los organismos públicos?