Gil-Robles denuncia la desaparición del turno de oficio en algunos colegios
ANABEL DÍEZ, El defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, puso ayer de manifiesto en el Congreso que el funcionamiento de la justicia vuelve a ser el principal generador de quejas que llegan a esta institución. Gil-Robles denunció que la decisión de algunos colegios de suspender la defensa de oficio "está suponiendo una vulneración grave del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, y en nada colabora a la buena marcha de la Administración de justicia".
Álvaro Gil-Robles presentó ayer en el Pleno el informe anual de esta institución, que depende de las Cortes Generales, correspondiente a 1988, y aportó la información de que en ese año el número de quejas se incrementó en un 13% en relación con las del año anterior, y "la tendencia al alza parece confirmarse pues actualmente hay 12.064 quejas cuando el 88 se cerró con 13.797".
Del resumen de Gil-Robles llamó la atención a los diputados su denuncia sobre la actitud de algunos colegios de abogados en relación con la defensa de oficio, sobre la que ha investigado en profundidad Soledad Mestre, una de sus adjuntas.
"La actitud adoptada por algunos colegios de abogados que han suspendido el turno de oficio, dejando pendiente de defensa algunos miles de causas, ha agravado así aún más las dificultades del funcionamiento de la justicia", dijo Gil-Robles. El Defensor reconoció que estos colegios se quejan con fundamento en cuanto a la deficiente regulación del turno de oficio, pero a su juicio suspender esa defensa supone "una vulneración grave del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva". Gil-Robles destacó también que han sido frecuentes las denuncias sobre expulsiones de extranjeros.
Gil-Robles desgranó por apartados las quejas de los ciudadanos ante un hemiciclo casi vacío cuando comenzó su intervención a las nueve de la mañana, si bien se fue llenando en torno a las diez, toda vez que había votaciones de obligado cumplimiento para los diputados según las instrucciones de cada jefe de fila, sobre todo, del PSOE, cuya ausencia en votaciones se castiga con multas económicas.
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