Los trabajadores no quieren "buenos deseos"

Los sindicatos europeos consideran inaceptable la carta social europea tal como figura en el anteproyecto aprobado por la Comisión Europea porque en el ordenamiento jurídico comunitario una carta no es un instrumento vinculante. También rechazan categóricamente que se recoja en una declaración solemne dado que se trataría de "una expresión de buenos deseos" por parte de los jefes de Estado y de Gobierno. En un documento interno elaborado por UGT se reconoce que el problema que tiene la Comisión para llevar adelante el programa social radica en que el Consejo no la ha facultado para ello. La CES, ante esto, ha reclamado que en la reunión que mantendrá el Consejo en Madrid el lunes y martes próximos se acuerde presentar antes de finales de 1989 un programa legislativo.

Quiere que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se comprometa firmemente a traducir en actos los derechos sociales a través de legislaciones comunitarias obligatorias. Reivindica también, y así lo expusieron ayer los dirigentes sindicales a Felipe González, que el programa legislativo comporte un calendario preciso que asegure la realización de los derechos sociales fundamentales paralelamente con las medidas tomadas para la realización del mercado interior.

Los sindicatos europeos tampoco están de acuerdo con el contenido de la carta por entender que hace una enunciación muy genérica de los derechos sociales fundamentales. La CES ha señalado que "la lista de derechos propuestos constituye una base de proposiciones que debe ser complementada y concretada teniendo en cuenta el dictámen del Comité Económico y Social y el del Parlamento Europeo". La UGT añade en el citado documento que, incluso como mera enunciación la propuesta de la Comisión "es paupérrima" y pone como ejemplos los capítulos de formación profesional, igualdad de trato entre hombres y mujeres, la protección de la salud y la seguridad en el trabajo. El texto de la UGT, sin embargo, no dice que pese a que la carta es una garantía de mínimos, la legislación española no los alcanza en materia de protección a los parados, salario social, salud laboral y resolución de conflictos colectivos. Tampoco están de acuerdo los sindicatos con que las normas comunitarias de carácter social sean subsidiarias de las nacionales, porque ello implica rechazar la idea del espacio social que defienden y que consideran fundamental para impedir el dumping social.