La 'cumbre' de Madrid debatirá la creación de un fondo europeo para resolver el problema de la deuda

, La propuesta española de crear un Fondo Europeo de Garantía para ayudar a resolver el tema de la deuda exterior de los países de renta media tuvo ayer un "eco favorable", en palabras de Carlos Solchaga, ministro de Economía y presidente del Consejo de Economía y Finanzas de la CE que ayer se celebró en Luxemburgo. El tema se debatirá la próxima semana en la cumbre de Madrid. A pesar del optimismo español, la opinión mayoritaria fue de "fría y tímida acogida". Los doce alcanzaron un acuerdo político sobre la directiva de libre instalación bancaria, norma clave para la creación del mercado único europeo y la libre circulación de capitales.

Solchaga conoció ayer dos partes de un Consejo de Ministros de Economía y Finanzas decisivo. Por la mañana recibió parabienes por el ingreso de la peseta en el Sistema Monetario Europeo; durante la comida pudo comprobar las reticencias de algunos de sus colegas hacia la propuesta de crear un Fondo Europeo de Garantía para respaldar la deuda exterior de los países de renta intermedia, y, por la tarde, se enfrascó de lleno en la discusión de la directiva sobre libre instalación bancaria, la más verde de las que estaban sobre la mesa.

El plan español

El ministro, según una fuente que recurrió a una expresión clásica del lenguaje comunitario, llegó ayer a Luxemburgo con "culo de hierro" y dispuesto a sacar adelante todos los temas en cartera.

En la cumbre de Madrid se intentarán vencer las resistencias planteadas principalmente por el Reino Unido y la RFA a un plan español que tiene por punto de mira el apoyo económico y político a los estados afectados de América Latina. Las objeciones son extender la propuesta a otros países y ajustar más esta posición europea a las propuestas de Estados Unidos y Japón.

Pero a la cumbre le espera un plato aún más fuerte: decidir el montante del fondo y las aportaciones de cada país, voluntarias o no, que tendrán que tener en cuenta el riesgo contraído por cada Estado comunitario. La presidencia española ambiciona cumplir el doble objetivo de fijar una posición comunitaria para la reunión de los siete grandes en París a mediados de julio y de un apoyo de la Comunidad a las democracias latinoamericanas "en peligro" a causa de sus deudas.

Los doce lograron un acuerdo político sobre la directiva de libre instalación bancaria (veáse El PAÍS de ayer). La adopción está supeditada a numerosos problemas, entre ellos, el del trato de reciprocidad para las entidades terceros. La aprobación definitiva se decidirá el próximo semestre bajo presidencia francesa

La norma vendrá a garantizar el principio de que el permiso para operar en un Estado es suficiente para extender la actividad bancaria a toda la Comunidad Europea.

Los bancos españoles dispondrán de 10 años para ajustar su riesgo en participaciones no financieras al límite del 60% de sus fondos propios o al 15% si se trata de inversiones en una sola empresa.

Con respecto a las directivas de coeficiente de solvencia -un 8% de relación entre fondos propios y valor de los activos- y las medidas contra el uso de informaciones confidenciales para obtener beneficios en las operaciones de bolsa, la proximidad de posturas parecía garantizar un fácil acuerdo.