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Más de 30.000 hectáreas de cotos de caza son propiedad de promotores e inmobiliarias

Unas 15 veces la Casa de Campo, más de 30.000 hectáreas de suelo no urbanizable de la región de Madrid -registrados como cotos de caza- se hallan en manos de promotores y empresas inmobiliarias. Las expectativas urbanísticas se concentran en todo el arco oeste de la región y en puntos aislados del este. Las zonas coinciden en ocasiones con la ubicación de alguna de las 137 urbanizaciones ilegales que ha descubierto la Comunidad de Madrid en los últimos años. El Gobierno regional teme un nuevo boom de segundas viviendas en este suelo retenido y reconoce que las presiones vienen incluso de los ayuntamientos.

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Los tiempos cambian. Al fenómeno de las urbanizaciones ilegales, una plaga que comenzó a finales de los setenta, le han sucedido últimamente métodos más sutiles para sembrar el campo con cemento."En menos de dos años hemos recibido una docena de peticiones para hacer campos de golf", reconoce Félix Arias, jefe de la oficina de Planeamiento Territorial. "Ya se sabe: el campo se rodea de bungalows, que luego resultan chalés, y vienen acompañados de un hotel... También se pretende encubrir las urbanizaciones bajo el disfraz de los campings".

Félix Arias afirma que las presiones por parte de las inmobiliarias y de los propios ayuntamientos mantienen el ritmo fluctuante de los últimos años. Fuentes de su departamento reconocen, en cambio, que se empiezan a notar los efectos del nuevo boom de las segundas viviendas.

Urbanizadora Las Pueblas, Inmobiliaria Cibeles, Construcciones Eterno, Inmobiliaria Forna..., empresas vinculadas al sector inmobiliario y de la construcción figuran como titulares de fincas rústicas entre 100 y 1.000 hectáreas en el registro regional de cotos de caza. Para poder convertir estos terrenos en suelo urbanizable, los ayuntamientos tendrían que modificar las normas urbanísticas y contar luego con el visto bueno de la consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid.

Pero estos requisitos legales han sido violados por numerosos promotores en los últimos años. La Comunidad de Madrid ha contabilizado nada menos que 137 urbanizaciones ilegales que han surgido en terrenos calificados como rústicos, algunos de gran valor ecológico.

Decenas de edificaciones han sido derribadas desde 1987 por orden del Gobierno regional en 57 urbanizaciones que tuvieron que restaurar los terrenos ocupados y devolverlos a su estado original.

Legalización y convenios

Las restantes 80 urbanizaciones han sido legalizadas. Éste es el caso de Valgrande S A, que figura como propietaria de un coto de 330 hectáreas en Chinchón. Su situación ha sido regularizada con una figura atípica: un plan de ordenación de núcleo de población en suelo no urbanizable.En otros casos, como ha ocurrido con fincas en propiedad de Banesto y el Banco Central, la Comunidad ha firmado convenios para permitir ciertas edificaciones a cambio de la cesión de terrenos en Boadilla y San Sebastián de los Reyes.

Otro de los fenómenos detectados por la Consejería de Política Territorial es la venta ficticia de terrenos de grandes propietarios a sociedades y empresas inmobiliarias donde participan ellos mismos.

Aun así, gran parte de los cotos de caza figuran a nombre de familias de terratenientes como los Corsini, Murcia, Oriol, Figueroa, Pérez de Guzmán...

La zona más codiciada por promotores e inmobiliarias es el arco oeste de la región, desde Villa del Prado hasta el puerto de Cotos. Localidades poco conocidas como Cenicientos, Batres, Navalagamella o El Boalo se dan la mano con otras más clásicas como Aldea del Fresno, Robledo de Chavela y Galapagar. En el este se encuentran también pequeñas islas con expectativas urbanísticas, como Chinchón, Colmenar de Oreja, Velilla de San Antonio y Loeches. Más cerca de Madrid, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo se llevan la palma. Fincas de alto valor ecológico como Monte El Pilar y Valdelamasa han resistido varios intentos de urbanización.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de junio de 1989

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