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Pedrol niega al Colegio de Barcelona el derecho a escindirse

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Ríus, afirmó ayer que el Colegio de Abogados de Barcelona no puede escindirse del órgano rector de la abogacía española, pues habría que derogar una ley orgánica (la LOAPA) y saltarse al Tribunal Constitucional.

Pedrol Ríus ha recurrido a los números para restar importancia a la asamblea de abogados de Barcelona celebrada el martes día 6, en la que se pidió la dimisión de Pedrol y la junta directiva del Consejo por estimar que no representa a la abogacía española. La asamblea también aprobó una propuesta para crear una comisión que estudie la posibilidad de desvinculación del Colegio de Barcelona del Consejo General. Esta propuesta fue votada por 150 letrados, de los que 131 fueron favorables a la moción y cinco contrarios; 14 se abstuvieron.Al abordar esta decisión tomada en Barcelona, Pedrol ha declarado que 150 personas no pueden imponer su criterio varios miles que integran ese colegio y cuya voluntad la expresan en las elecciones. Alegan que es imposible alcanzar la unanimidad entre 70.000 abogados, pero que hay que sabe dónde está la mayoría democrática, ya que en el Congreso de Palma de Mallorca las votaciones fueron de 900 a 300, y el sábado pasado, en la cuestión de confianza planteada en el Consejo General, el resultado fue de 65 contra 2.

Sobre las críticas de falta de democracia interna, Pedrol indicó que para él "democracia es libertad; libertad de decisión, de defensa y de acusación y para que se pueda ejercer el derecho de, voto, y también el respeto a los resultados si no se llega al consenso".

El presidente de los abogados anunció que se han abierto negociaciones con el Ministerio de Justicia para tratar de solucionar el problema de las dotaciones para el turno de oficio y para adoptar criterios y medidas sobre el ejercicio profesional de los abogados a propósito de la integración en la Comunidad Europea. Respecto a esta última cuestión, Pedrol considera que la formación teórica de los jóvenes letrados debe ir acompañada de unas prácticas y unas pruebas de aptitud.

Ese examen sería también exigible a los abogados extranjeros que pretendieran ejercer en España. Los recién licenciados deberán apuntarse a pasantías en despachos profesionales con experiencia o a escuelas de práctica jurídica.

Respecto a las elecciones para las vacantes en la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid, lamenta que los comicios deban retrasarse hasta septiembre, porque así lo establece el Estatuto General de la Abogacía, que precisa que la renovación de cargos se haga durante el último trimestre.

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