El Reino Unido bloquea el consenso sobre la Carta Social Europea por no considerarla "necesaria ni oportuna"

La cumbre de Madrid corre el riesgo de dejar el mandato español al frente de la CE sin el ,,acento social" prometido por el Gobierno.La pelota esta ahora en el tejado de la negociación bilateral que el presidente del Gobierno, Felipe González, mantendrá con la primera ministra, Margaret Thatcher, el próximo día 19 en Londres. El problema es que no parece haber sobre la mesa nada canjeable para romper la postura de principio británica, resumida en la frase pronunciada ayer por Norman Fawler, ministro de Empleo: "El proyecto de Carta Social Europea está muerto". En el otro gran tema de la cumbre, la unión monetaria, el Gobierno británico es también el principal resistente.

La alternativa para el Reino Unido no es otro texto menos comprometedor, sino ninguno. Por coherencia con la directiva aprobada ayer, está sólo a favor de mejorar las condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo. "El objetivo de la CE", dijo Fawler, "es crear empleo y no hacer declaraciones y cartas ( ... ) que representan mayores costes para las empresas".

El presidente del Consejo de Ministros, Manuel Chaves, trató de sortear el veto británico con un proyecto de conclusiones que será elevado a la cumbre de Madrid y que fue aprobado por 10 países y rechazado por el Reino Unido. Dinamarca se abstuvo.

El texto afirma que la mayoría del Consejo "considera que los derechos sociales fundamentales deben ser aprobados por una declaración solemne de los jefes de Estado y de Gobierno lo antes posible". Los diez quieren además que "la Comísion actúe inmediatamente en la preparación de la normativa" y se emplazan a reeexaminar con urgencia las propuestas ya presentadas.

España tiene todo el derecho de elevar, y lo hará, el tema a la cumbre, entre otras cosas porque está avalada por el compromiso alcanzado en diciembre en Rodas de que la Carta Social debía ser aprobada este año. Pero tal como están las cosas, el Consejo Europeo de Madrid sólo podrá debatir y emitir conclusiones. La presión española para una declaración solemne, que implicaría un compromiso político, se estrellaría con el rechazo británico, igual que la alternativa de segundo grado de una declaración política.

Aparte de la discusión sobre la Carta Social se aprobó un presupuesto de 55 millones de ECU (7.150 millones de pesetas), para los próximos cinco años. La limosna comunitaria es de 36 pesetas por pobre y año, pero el grueso del dinero está destinado a financiar investigaciones y coloquios.