Dos informáticos, acusados de introducir 'virus' en varios ayuntamientos para lucrarse con la 'vacuna'

, Dos técnicos informáticos barceloneses serán interrogados por el juez acusados de haber introducido un tipo especial de virus en los ordenadores de diversos ayuntamientos, como el de Puigcerdà (Gerona). La empresa Oasis Systems, SA, donde trabajaban los acusados, y la Asociación Española de Empresas de Software les acusan de querer lucrarse al ofrecer a los afectados unas vacunas contra el virus introducido antes por ellos mismos. El Juzgado de Instrucción número 8 ha admitido a trámite la denuncia y ha solicitado diversas pruebas periciales.

Uno de los acusados, José María Garmendia Aguado afirmó a este diario que "todas las acusaciones son falsas" y se remitió al abogado Emilio Zegrí, defensor del otro acusado, el programador de informática Vicente Morales Pérez. Este último presentó a su vez el pasado viernes 26 de mayo una denuncia por presuntas calumnias contra la empresa Oasis, a raíz de la publicación de una nota sobre el caso.La denuncia presentada por la empresa sostiene que Morales y Garmendia enviaron a diversos ayuntamientos clientes de Oasis un diskette conteniendo un tipo especial de virus informático, denominado Gusano o Bomba Lógica, asegurando que era necesario introducirlo en los sistemas informáticos correspondientes.

El verdadero efecto del diskette, aseguran los denunciantes, fue causar un descuadre en las contabilidades de los ayuntamientos de Puigcerdá, Huétor Tájar (Granada) y Fuensalida (Toledo). Posteriormente Garmendia fue despedido el 15 de febrero pasado y un mes después Morales dejó la empresa voluntariamente "sin siquiera recojer su finiquito", según la denuncia. En ella se añade que los dos acusados se establecieron por su cuenta y se dirigieron a los ayuntamientos afectados "como salvadores de la caotica situación creada por ellos mismos, ya que según ellos Oasis Systems SA es incapaz de arreglar el desaguisado". La denuncia acusa a los dos presuntos autores de los hechos de haber cometido delitos de reproducción y plagio ilegales, violando los artículos 126 y 128 de la Ley de Propiedad Intelectual, al ofrecer a los ayuntamientos programas informáticos propiedad de la empresa Oasis. Las aplicaciones informáticas realizadas necesitaban a su vez licencia de uso del denominado sistema operativo Theos, cuyo único distribuidor en España, según la denuncia, no ha autorizado a los inculpados a utilizarlo.

Registrados

Garmendia se negó a hablar con este diario y Morales no pudo ser localizado al explicar su secretaria que se encontraba de viaje. El abogado de este último inculpado, el jurista Emilio Zegrí, especializado en casos de informática, aseguró que los datos de la denuncia eran falsos. Zegrí, que dijo desconocer el texto de la denuncia presentada, afirmó que este es el verdadero propietario de los programas motivo de litigio con la empresa denunciante. "Mi cliente es el autor de los programas, que tiene registrados en el deposito legal, y lo único que le vinculaba a Oasis era un contrato de distribución de sus programas, que él rescindió", añadió el abogado, quien aseguró que "los antiguos empleados de la empresa lo podrán demostrar en el juicio". Según el jurista, "Morales no sólo no puso el virus, que a lo mejor lo introdujo la propia empresa, sino que además garantizó a los ayuntamientos el mantenimiento de sus equipos informáticos". También puntualizó que su cliente abandonó la empresa "porque no le pagaban ni un duro por sus programas, tiene varios talones impagados".

La Asociación Española de Empresas de Software (ASOFT), que reune a las 80 principales firmas del sector, presentará el próximo martes una querella idéntica a la de la empresa afectada como parte coadyuvante. "Estamos ante un caso de unos presuntos estafadores y chantajistas que se hacen valer de la informática, un nuevo tipo de delincuentes que pueden crear una gran inseguridad entre los usuarios", afirmó Luis Fernando Martín, director general de ASOFT, que reclamó "un castigo ejemplar en este caso, por ser el primero conocido en España". Martín añadióque A-SOFT iniciará de inmediato una campaña para denunciar públicamente a las empresas que piratean programas informáticos y los regalan a sus clientes al comprar ordenadores.

No hay delito

La presentación de la denuncia choca con un sistema jurídico que no castiga este presunto "delito". "Nuestro código penal castiga los destrozos en las cosas, mediante métodos tradicionales y conocidos como un incendio o un hachazo, pero en ningún caso contempla que introducir cambios en un programa informático sea un delito", explica Emilio Zegrí, abogado especializado en estos temas y defensor de uno de los acusados. "En el caso improbable de que se llegase a demostrar que mi cliente alteró un programa informático, habría mu chos problemas para tipificarlo como delito", precisó.