Incongruencia

EL MISMO tribunal que ha cegado las vías de investigación sobre las presuntas complicidades de la Administración en los crímenes de los GAL no ha dudado en echar sobre las espaldas del Estado el coste económico que pueda derivarse de los actos delictivos imputados a los policías José Amedo y Michel Domínguez como integrantes cualificados de dicha organización terrorista. La decisión es acorde con las reglas sobre responsabilidad civil por la comisión de faltas y delitos establecidas en el Código Penal, pero no deja de ser incongruente con la postura de fondo que la Audiencia Nacional ha adoptado en este caso.Imputar al Estado las responsabilidades pecuniarias -se han exigido 20 millones de pesetas de fianza a cada uno de los procesados- por los delitos que se atribuyen a Amedo y Domínguez implica que el tribunal admite que su actuación criminal se realizó "en el desempeño de sus obligaciones o servicio" como funcionarios policiales. Tal reconocimiento exigiría cuando menos, y aunque sólo fuera por razones de lógica procesal, determinar si esta actuación -organización de los GAL y participación en seis asesinatos frustrados, entre otros hechos- entraba dentro del funcionamiento normal del servicio o fue consecuencia de una utilización abusiva de sus funciones; y, en todo caso, si fue ordenada expresamente, consentida o al menos conocida por sus superiores.

Pero es que además, si el Estado ha de correr con la carga económica de las fechorías oficiales de Amedo y Domínguez, lo menos que puede exigirse es que se sepa en toda su extensión en qué han consistido. Impedir que ello sea así y que la ley penal actúe en consecuencia es -aparte de otras consideraciones de carácter legal- un fraude al Estado que los ciudadanos mantenemos con nuestros impuestos.