Casi un 40% del personal sanitario cree que los enfermos de SIDA deben ser registrados y aislados

Un elevado porcentaje (68,5%) del personal sanitario español -médicos, enfermeras, auxiliares y asistentes sociales- afirma que, "en caso de conflicto, debe primar el derecho a la libertad del individuo antes que la asistencia al enfermo". Al tiempo, otro porcentaje mayoritario (86,3%) considera que la atención al enfermo de SIDA debe primar sobre cualquier consideración personal. Gran parte de ellos piensa que debería llevarse un registro de los toxicómanos y enfermos de SIDA, y que estos últimos tendrían que permanecer aislados para evitar contagios. Casi un 40% considera que "el bien común" justifica el uso de la información sanitaria.

Estos datos ponen de manifiesto actitudes contradictorias y un alto grado de desinformación del personal sanitario con respecto al síndrome de inmunodeficienc¡a adquirida (SIDA).Estas son las primeras conclusiones de una encuesta realizada en 33 hospitales por encargo del Ministerio de Sanidad y Consumo para conocer las "Actitudes sociales ante el SIDA entre el colectivo de trabajadores de salud y su repercusión sobre la población de toxicómanos". La desinformación que tienen sobre las vías de contagio del SIDA queda claramente patente en las actitudes aislacionistas de un porcentaje minoritario, pero significativo, de los encuestados.

Así, un 36,8 %, entre los que están de acuerdo y los que se muestran indiferentes, considera que "los enfermos de SIDA deberían ser aislados de las demás personas para evitar el contagio". El 20,2% cree que "los niños con SIDA deberían ir a escuelas especiales para ellos solos", y el 35,5 % afirma que "cualquier ciudadano está en su derecho a rechazar a un toxicómano simplemente por el hecho de que pueda tener el SIDA. Frente a la cuestión "una persona puede negarse a admitir o despedir a un enfermo de SIDA", el 27,2% dice que está de acuerdo o le es indiferente.

Cuatro muestras

Esos datos son el resultado de las entrevistas personales realizadas a una muestra global de 1.325 individuos, divididos en cuatro muestras independientes: 491 son médicos, 399 están calificados como "personal de enfermería", 389 son auxiliares de enfermería y 46 trabajan como asistentes sociales. Además el número de entrevistas a realizar en cada centro se dividió según el número de camas de los hospitales. 409 encuestas se realizaron en centros con menos de 500 camas, 387 en hospitales que tienen de 500 a 1.000 camas y las otras 529 en centros con acogida para más de 1.000 enfermos.

Con respecto a la necesidad de mantener la confidencialidad de la historia clínica de los enfermos, así como el control social que debe haber sobre ellos, los profesionales sanitarios muestran evidentes contradicciones. Mayoritariamente opinan que deben conocer quiénes son los pacientes toxicómanos y quienes los diagnosticados de SIDA. Opinan, incluso, que se debe llevar un registro de ambos tipos de pacientes. Para facilitar la información recogida en las historias clínicas debe contarse con la autorización del enfermo o de su familia y, en ningún caso, dicha información debe ser accesible al conjunto de la población.

Ahora bien, un 38% considera que "el bien común -motivos laborales, fiscales o policiales- justifica el uso de esa información sanitaria". Además de ese 38% hay un 6,4% de los encuestados que se muestra "indiferente" sobre ese punto. Por último, al analizar los resultados de la encuesta se ha clasificado al personal sanitario en ocho grupos formados por individuos homogéneos entre sí. Un 49,8% del colectivo estudiado no tiene característias claramente diferenciadoras.

Del 50% restante hay un 9,8% del colectivo que se caracteriza por dar "primacía al derecho del personal sanitario a negarse a asistir a un toxicómono o a un paciente de SIDA por el posible peligro de contagio". Otro 5,6 % del colectivo se caracteriza "por su alta preocupación al prestar atención a homosexuales y toxicómanos no necesariamente portadores". Del cruce de esos datos se deduce que más de un 15% de los profesionales sanitarios "excluye a los enfermos del SIDA", según fuentes del Ministerio de Sanidad. Esta situación se da en casi todos los países de nuestro entorno.

De hecho, un documento aprobado por el Consejo de Ministros de Sanidad de la Comunidad Europea (CE), celebrado el pasado 16 de mayo, recoge -tras señalar que "el comportamiento del personal sanitario con las personas seropositivas (portadoras del virus VIH), así como con los enfermos de SIDA constituye un factor determinante en la prevención y tratamiento de dicha enfermedad"- que los miembros de la CE deben "fomentar, por parte del personal sanitario, un comportamiento similar al que corresponde a cualquier enfermedad contagiosa, evitando así toda estigmatización o discriminación".

Para conseguir esto se deben tomar las medidas necesarias para "garantizar la difusión de la información técnica y formación a todos los niveles del personal sanitario para prever o, en su caso, mejorar, la asistencia psicosocial que debe ofrecerse". Asimismo, las organizaciones médicas de la Comunidad Europea aprobaron el pasado fin de semana en Madrid unas normas de actuación de sus afiliados, según las cuales "ante cualquier sospecha de infección por el virus VIH el médico debe informar lo más completamente posible al enfermo, al igual que sobre su tratamiento.