La universalización de la asistencia sanitaria costará 25.000 millones

La ampliación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a la población sin recursos económicos suficientes costará 25.000 millones de pesetas, según Eduardo Arrojo, presidente del Instituto Nacional de la Salud (Insalud). Las estimaciones realizadas por este organismo sitúan en 700.000 las personas (el 1,8% de la Población) que no están acogidas a ningún sistema de sanidad pública ni cuentan con recursos para acceder a otro tipo de asistencia médica. A éstos hay que sumar las cerca de 300.000 personas acogidas a la atención de beneficiencia que prestan las corporaciones locales. El coite medio de la asistencia de cada afiliado a la Seguridad Social fue en 1988 de 38.891 pesetas. Madrid es la comunidad autónoma con un porcentaje mayor de población desprotegida.Las dificultades para concretar exactamente el número de personas afectadas por la medida se deben, según Eduardo Arrojo, a las características específicas de ese colectivo, compuesto fundamentalmente por grupos de población muy marginados que con frecuencia no tienen domicilio estable.

Agentes municipales

Para salvar este escollo se va a contar con la infraestructura ya montada por los ayuntamientos para la asistencia de beneficiencia y se establecerán también convenios con el Ministerio de Servicios Sociales para facilitar el acceso de esos colectivos a este derecho. Además, los trámites burocráticos se simplificarán.El proyecto de real decreto que Eduardo Arrojo presentó ayer en el Consejo Interterritorial establece que el derecho a la asistencia se reconocerá en un documento individual expedido a solicitud del interesado. Los trámites para ello serán "serios, pero sencillos", según Arrojo, concretándolos en "declaración jurada del interesado". "Para incluir en la asistencia a los hijos bastará con la presentación del libro de familia o con una declaración del Ayuntamiento".

El real decreto, que aún tiene que pasar por el Consejo de Estado antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros, no estará en vigor, contando con las vacaciones de verano, hasta el próximo otoño. Esto significa un claro retraso en los plazos anunciados.

Al término de la reunión del Consejo Interterritorial, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, Eduardo Arrojo explicó que para elaborar ese proyecto de real decreto se han encontrado con problemas de definición jurídica. En el País Vasco y Cataluña ya se está dando una cobertura sanitaria a toda la población.