"No queremos inversiones parasitarias"

ENVIADO ESPECIALEl diputado peronista Eduardo Bauzá es el principal negociador por parte del Frente Justicialista y Popular -triunfante en las elecciones argentinas del 14 de mayo para el período de transición hasta el cambio de mando. Bauzá culpa de parte de los males argentinos a la "delincuencia económica", y afirma que su país no ha tenido el coraje de enfrentar la corrupción económica. Bauzá es uno de los ministrables para el futuro Gabinete.

"El problema de la transición es muy complicado, porque no estamos en el Gobierno, lo que podemos hacer es sugerir medidas, pero al no ser sus ejecutores no podemos dar garantías de éxito", afirma Bauzá mientras se apresta para reunirse con el actual ministro de Economía.Ante un país atenazado por la hiperinflación, reconoce que hacerle frente es un reto serio. Los ejes de la negociación para lograr una reducción inflacionaria en la transición pasan por preparar una reforma tributaria, reducir el gasto público y establecer un control de cambios, mientras se desarrollan mecanismos para la acumulación de divisas de cara al cambio de mando.

Uno de los elementos de la negociación que el justicialismo propuso a los radicales es la reformulación del presupuesto del Estado, que apunta a una fuerte reducción del déficit previsto. Parte del déficit es adjudicado por Bauzá a la corrupción. "En 18 años los proveedores del Estado han sobrefacturado sus ventas en 32.000 millones de dólares con la connivencia de los administradores de turno. Hay un gasto innecesario, fruto de la corrupción administrativa, que hay que erradicar de los déficit. Pero también hay un gasto por el volumen improductivo de la maquinaria estatal, por eso hay que reestructurar al Estado moral y formalmente", afirma el entrevistado. Un total de ocho ministerios del Gobierno central argentino tiene 49 secretarías de Estado y 92 subsecretarías.

Bauzá señaló que en línea con este objetivo su partido se opone a cualquier concesión de contratos públicos por adjudicación directa, no competitiva. El tema, particularmente espinoso, llevará a pactar la suspensión de adjudicaciones para grandes obras o proyectos hasta el cambio de mando.

El problema toca de lleno a uno de los debates centrales del país, la administración estatal de servicios. "Queremos una desmonopolización de los servicios públicos. El Estado argentino es un mal administrador, se debe desprender de los servicios improductivos y abrir la competencia en los servicios productivos. El tema de la Empresa Nacional de Teléfonos (Entel) queda planteado como inevitable ante esas afirmaciones. "Somos partidarios de desmonopolizar las telecomunicaciones, proceso que ya se inició bajo el Gobierno radical. Pero lo que no queremos en ningún caso, ni en las telecomunicaciones, ni en la petroquímica, es inversión parasitaria. Queremos inversión de riesgo, es decir, que asuma riesgo con alto volumen de inversión para obtener una alta rentabilidad", señaló el entrevistado.

Telefónica, sin riesgos

Al preguntársele si la oferta de la Compañía Telefónica de España reunía esas condiciones, el asesor económico de Menem dijo: "De ningún modo, por eso se paralizó el trámite parlamentario de la adjudicación de una participación por capitalización de deuda de Telefónica en Entel. Telefónica quería un monopolio, no sólo en telecomunicaciones -incluyendo la telefonía móvil-, sino que exigía como cláusula de garantía, si las tarifas no se ajustaban a sus objetivos, el 7% de la facturación anual de la empresa".Para respaldar estos objetivos, el justicialismo presentará al Parlamento, en junio, una nueva ley de inversiones extranjeras, que deberá consensuar y que forma parte de la transición. La ley concibe la inversión como capital de riesgo, y asegura la repatriación de utilidades, pero fijará normas sobre desgravaciones y beneficios para unificar las normas. Respecto de la deuda externa, Bauzá señaló que su partido quiere acordar con el Gobierno el envío de una misión para renegociar un nuevo período de gracia de la deuda -56.000 millones de dólares- que permita ganar tiempo para lograr una fuerte mejoría de la balanza comercial. La oferta al Gobierno es constituir una misión que involucre a parlamentarios de ambos partidos mayoritarios y una nutrida representación empresarial.

"Pero esas operaciones deben desarrollarse en el marco de los buenos negocios y no de los negociados turbios. Es inadmisible que además de capitalizar deuda a precios convenientes, los inversores quieran fijar un tipo de cambio regalado para el dólar u obtener otros beneficios más allá de los fijados por la legislación vigente", dijo.

A la pregunta de si era posible la instauración de un control de cambios, dijo que lo consideraba necesario. "Es imprescindible poner un precio de referencia a la producción en un país dolarizado; con una moneda cuya paridad es impronosticable, si no se fija un valor a la moneda, se impide la fijación de precios en el mercado. Ése es el principal objetivo de un control de cambios: dar estabilidad y permitir la fijación de precios. Es necesario crear perspectivas de largo plazo", afirmó.

"La Dirección General Impositiva y la Aduana están en situación de caos. En Argentina los impuestos impagados representan el 56% del total recaudable. Ésta es una forma de delincuencia con la que hay que ser inflexible. Para subsanar la evasión fiscal se ha apelado a impuestos de emergencia con retención en la fuente que han afectado sistemáticamente a los sectores de menos ingresos", dijo.

"Para encarar esto hay que empezar por hacer un Gobierno de funcionarios honorables. Hay que restablecer el sentido de la producción y fomentar el trabajo productivo castigando la especulación, la evasión fiscal, la sobrefacturación al Estado, y fomentar el ahorro y la inversión productiva", añadió.