Economía y soberanía

LA REUNIÓN de ministros de Economía este fin de semana en S'Agaró ha tenido el interés de lo heroico: se trataba de dar un paso adelante en la ingente tarea de la armonización fiscal de los sistemas impositivos de la CE, algo que, como el manto de Penélope, está sujeto al tejer y destejer de los sucesivos Gobiernos. Se trataba de avanzar en la propuesta de unión monetaria sintetizada en el informe Delors, que tan cerrada oposición ha suscitado entre los conservadores británicos. Y se trataba también de llegar a un acuerdo sobre el camino a seguir hasta fijar unos tipos de IVA que no sean demasiado diferentes los unos de los otros, así como de intentar un consenso sobre la propuesta de Bruselas de imponer una retención común a los intereses del capital en todos los países de la CE.Es evidente que la construcción de un espacio económico homogéneo necesita una imposición indirecta que, si bien puede no ser única, al menos sí que tiene que ser relativamente homogénea entre los países. Lo primero que históricamente se consiguió fue que todos los países de la CE hayan implantado el IVA como principal impuesto indirecto: el paso que hay que dar ahora es el del acercamiento de los tipos impositivos, a la espera de llegar algún día a un tipo único. La Comisión Europea había propuesto la aceptación de dos bandas en el interior de las cuales deberían situarse los tipos del IVA; sin embargo, algunos países han protestado por considerar que las bandas eran demasiado bajas; otros, por el contrario, se aferran a mantener la desgravación total de algunos artículos considerados como de primera necesidad. De momento es difícil armonizar posturas tan distintas y hacia lo que parece que nos encaminamos es hacia la propuesta de un tipo único mínimo a partir del cual cada uno puede hacer lo que más le convenga, manteniéndose al mismo tiempo la desgravación absoluta que reclaman los británicos para ciertos productos y únicamente en su territorio.

En cuanto a los impuestos directos, el problema es aún más complicado, pues el principio de la retención única propuesto por la Comisión fue recientemente rechazado por Alemania Occidental, que ha visto cómo la imposición de la retención ha provocado la salida de su territorio de decenas de miles de millones de marcos. En S'Agaró las posiciones no se han movido un solo milímetro en esta cuestión, aunque se ha evidenciado una mejor disposición de determinados países -como Luxemburgo, siempre reticente en estos temas fiscales- a una cooperación entre las Administraciones fiscales. Si en lo fiscal los resultados son escuálidos, en el proyecto de unión monetaria se ha dado un paso minúsculo, pero paso al fin y al cabo, al decidirse impulsar las medidas de la primera fase contemplada en el informe Delors que no supongan modificaciones legales.

Las enormes dificultades existentes para el avance europeísta en estas cuestiones económicas tienen una explicación en términos de poder. Detrás de ellas se encuentran no sólo intereses económicos de primera magnitud, sino también intereses políticos de gran envergadura. En el fondo, la cuestión que se plantea es la de saber si los países que forman la CE están dispuestos a ceder soberanía fiscal y monetaria en aras del interés superior de una Europa unida. Algunos países, entre ellos España, parecen estar dispuestos a seguir adelante, pero otros ya han comenzado a encontrar argumentos ideológicos para proteger su escasa disposición a la integración. Es el caso del Reino Unido, que acusa de burocratismo y de afán controlador a la Comisión de Bruselas, discutiendo con dureza cada nuevo paso. Es posible que la burocracia de Bruselas sea excesiva y que sus procedimientos sean demasiado lentos, pero lo cierto es que no será posible avanzar si no se está dispuesto a ceder soberanía. Hasta en las discusiones técnicas de este fin de semana se evidencia que no hay otro horizonte útil que no sea la necesidad de avanzar en la Europa política.