El juicio atípico

El juicio por el envenenamiento que desde la primavera de 1981 ha causado más de 650 muertos y 25.000 afectados fue singular. Ha sido el más largo de la historía judicial española, con 15 meses de vista oral. Varios edificios tuvieron que ser acondicionados para que pudiera celebrarse fuera de la Audiencia Nacional. Fue recogido mediante circuito cerrado de televisión y todas sus sesiones grabadas en vídeo, y los ordenadores fueron usados durante todo el proceso para localizar cualquier parte del sumario, elaborar listas de testigos y peritos o redactar la sentencia y evitar filtraciones conservándola en un diskette.

Las sesiones comenzaron el 30 de marzo de 1987, seis años después de que se registrara el primer fallecimiento en Torrejón de Ardoz (Madrid). Los procesados eran 38 industriales o químicos acusados de desviar aceite de colza de uso industrial al consumo humano (hoy son 37 debido a la reciente muerte de Juan Santacana).El primero de los acusados en declarar fue Juan Miguel Bengoechea, que importó el aceite de colza desde Francia y contradijo en el juicio las manifestaciones que había hecho ante la policía y el juez instructor al inicio del sumario.

Bengoechea reconoció haber vendido partidas de aceite de colza a los hermanos Ferrero y a los empresarios catalanes Jorge Pich, Enric Salomó y Ramón Alabart, pero aseguró haberse enterado en mayo de 1981 de que su aceite industrial se había destinado al consumo humano, implicando a Ramón Ferrero como el autor de la desviación.

Ese primer día de Juicio se produjeron diversos incidentes ya que los afectados y sus familias atacaron a algunos de los acusados y sus letrados cuando abandonaban el auditorio.

En la segunda jornada, Ramón Ferrero, almacenista de Alcorcón que distribuyó la mayor parte del aceite maligno, acusó a Bengoechea de haberle engañado al suministrarle el aceite de colza como mercancía apta para el consumo humano, siendo nociva para la salud.

Las acusaciones mutuas se habían apuntado ya en el sumairio, y aunque parecía que los principales acusados se iban a unir en un frente común para desacreditar la tesis del aceite como causa de la intoxicación, ante la posibilidad de pasar el resto de sus vidas en prisión, se impuso el sálvese quien pueda y la guerra se desató entre ellos.

Las declaraciones de los otros procesados más importantes sacaron a la luz una reunión mantenida en Zaragoza entre los hermanos Juan Miguel y Fernando Bengoechea, Pich, Salomó y Alabart, en la que se pactó la destrucción de documentos y pruebas que pudieran relacionarles con el aceite tóxico.

Finalizadas las declaraciones de los principales acusados, se celebraron careos separados entre ellos, que acentuaron sus discrepancias. Los interrogatorios de los 38 acusados y los nueve careos duraron tres meses y no sirvieron para determinar con absoluta certeza quiénes derivaron conscientemente al consumo humano el aceite de colza de uso exclusivamente índustrial importado de Francia.

En el juicio prestaron declaración cerca de 2.000 testigos, entre ellos el presidente y el vicepresidente del Gobierno, Felipe González y Alfonso Guerra, que lo hicieron por escrito. También declararon el ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo y varios miembros del Ejecutivo de UCD, entre ellos Jesús Sancho Rof, ministro de Sanidad en 198 1, cuando se produjo la intoxicación.

En la calificación de los hechos y la petición de penas éste también fue un juicio especial, ya que nunca antes se habían solicitado 60.000 años de prisión para ocho de los acusados, como hizo el fiscal Eduardo Fungairiño.

Con todo, el juicio y la sentencia sólo han sido un paso más en el proceso, ya que ahora se inicia un rosario de recursos que probablemente pasarán por el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, según han anunciado reiteradamente los abogados.