España, a favor de limitar el control comunitario sobre las grandes fusiones

El Consejo de Ministros de Mercado Interior de la CE, presidido por el secretario de Estado Pedro Solbes, debatió ayer el proyecto de directiva sobre fusiones o concentraciones de empresas. La presidencia española es partidaria de que la Comisión Europea aplique el mínimo control posible en este terreno. El Gobierno español ha alineado su postura con la de los países que poseen grandes grupos industriales y financieros, a pesar de que España destaca en Europa precisamente por su carencia de empresas de gran dimensión.La propuesta de la Comisión Europea lleva ya 16 años sobre la mesa del Consejo de Ministros, sin que haya sido posible hasta ahora alcanzar un acuerdo. La mayoría de los países se opone a traspasar una parte de sus competencias al órgano de gestión comunitario en materia de autorización de fusiones, a pesar de que en razón del principio de libre competencia y en base a la perspectiva del mercado único a partir de 1992, la Comunidad debe dotarse de capacidad de decisión en este terreno.

Sólo las muy grandes

El último proyecto contempla la cesión de poderes de control a la Comisión Europea solamente en el caso de que el volumen de negocio de las empresas implicadas en el proyecto de fusión (siempre que éstas pertenezcan a dos países distintos de la CE) sea superior a 5.000 millones de ECU (650.000 millones de pesetas). Este baremo superselecto, que de hecho reduciría a 30 el número de casos anuales a supervisar para ver si impiden la supervivencia de otras empresas del mismo sector, será reducido a partir de enero de 1993 a 2.000 millones de ECU (260.000 millones de pesetas). La idea inicial era partir de una facturación de 1.000 millones de ECU.Lo más sorprendente es que España se ha unido en la batalla de fijar listones todavía más altos (de 1,3 billones de facturación anual inicialmente) a la RFA, el Reino Unido y Francia, países que concentran, por el gran volumen de una parte de sus empresas, la casi totalidad de las hipotéticas operaciones a supervisar.

Un miembro de la delegación española afirmó que las legislaciones nacionales serán las encargadas de fijar condiciones en todos los supuestos que no resulten afectados por la normativa comunitaria, si es que ésta llega a aprobarse. Admitió que el Gobierno español mantiene una "política muy liberal" en materia de inversiones extranjeras y es "firme partidario" de favorecer la implantación de grandes grupos en España.

Por otra parte, la CE dio a conocer ayer un informe según el cual Estados Unidos aplica medidas proteccionistas sobre diversos productos comunitarios, a través de al menos 40 medidas, entre las que figuran cupos, subsidios, impuestos y barreras aduaneras, según informa Efe.