Provincianismo

LA CONSECUCIÓN de los Juegos Olímpicos de 1992 para Barcelona gozó del consenso de las distintas fuerzas políticas, que supieron subordinar las cuestiones de detalle a los intereses principales de la ciudad y el país. Pero, desde aquel memorable 17 de octubre de 1986, las cosas han sido mucho menos plácidas, seguramente a resultas del enorme enganche popular -y electoral- que tiene el proyecto olímpico. Casi todas las iniciativas municipales destinadas a desarrollar el diseño de la futura -e indispensable- Barcelona han encontrado algún pero en la Administración autónoma regida por el nacionalismo pujolista.Hasta el momento, sin embargo, la dinámica de la discrepancia y de la oposición partidista se desarrollaba dentro de unos límites aceptables, aunque a veces ciertas posturas resultasen ridículas, como es el caso del apoyo de Convergència a la idea de un quimérico comité olímpico catalán, que se alinearía con los de naciones sin Estado como Aruba o Bermudas.

Ahora, el Gobierno de la Generalitat ha sobrepasado todas las fronteras al anunciar su veto al proyecto municipal de construcción de hoteles para 1992 sin esperar siquiera el dictamen de la Comisión de Urbanismo de la propia Generalitat. Ello constituye una injerencia política que desvirtúa la democracia local, aprovechando la competencia técnica del Gobierno autónomo en la tutela de la programación urbanística.

Ciertamente, el proyecto de construcción de 12 hoteles -redactado con muy chapucera precipitación tras años de lentitud- aprobado por socialistas y populares supone cambios en el Plan General Metropolitano barcelonés que son muy discutibles, particularmente la fórmula de destinar zonas de equipamientos a infraestructura hotelera. Esas cuestiones admiten y requieren discusión -aunque estén atenuadas por las enormes compensaciones exigidas a los nuevos hoteleros y por los cambios que pueden haberse operado en la filosofía de qué es un equipamiento privado y por qué no lo es un hotel-, pero no demagogia. Varios dirigentes de Convergéncia han faltado a la verdad afirmando que socialistas y populares pretenden construir hoteles sobre zonas verdes, privatizándolas. Sobre la técnica del "calumnia, que algo queda" podrá a lo mejor erosionarse la imagen de un alcalde, pero no asentarse la convivencia institucional.

El partido y el Gobierno de Convergéncia han actuado además con oportunismo al abrir la polémica justo en los días en que los principales dirigentes del Comité Olímpico Internacional y de las distintas federaciones han realizado una decisiva visita de inspección a Barcelona, que ha resultado satisfactoria, a excepción de la polémica institucional, de la coincidente ausencia de Jordi Pujol -viajero en China- y del conocimiento público de que el estadio Olímpico no tiene todas las normas de seguridad requeridas.

Al obstaculizar la modernización del sector hotelero, el nacionalismo conservador se apunta a las peores tesis proteccionistas del sector, que pugnan por evitar la competencia de otras cadenas internacionales o nacionales, aunque sea a costa de permanecer en la actual saturación, provocada por la indigencia de plazas. Una sobreocupación que, naturalmente, genera beneficios fáciles sobre la base de un mercado cautivo. En suma, todo vale contra la Administración que no se controla. Incluso tratar de anular a Barcelona como capital de Cataluña y segunda capital de Espana, y reducirla -en equipamientos y en ambiciones- a simple arrabal provinciano.