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La Asociación de Escritores denuncia a los editores por incumplir el control de tirada

Los autores rechazan la imposición de una empresa que gestione sus derechos

La Asociación Colegial de Escritores de España (ACEE) ha enviado una circular a los editores de nuestro país en la que se les advierte sobre el incumplimiento del real decreto de propiedad intelectual por el que se regula el control de tirada de los títulos de autores españoles. La misma nota ha sido enviada a los escritores para que sean ellos los que verifiquen el cumplimiento de esta norma. Por otra parte, la inclusión por los editores de una nueva cláusula en los contratos de edición -pactados con los escritores tras más de nueve meses de negociaciones, pero aún no ratificados-, por la cual aquéllos quedan facultados para ceder la gestión de los derechos de autor al Centro de Derechos Reprográficos (Cedro), ha sido rechazada por los escritores.

"Ha pasado más de un año", comenta Andrés Sorel, secretario general de la ACEE, "desde que este decreto, que ni siquiera recogía todas nuestras aspiraciones, salió, pero lo cierto es que los editores tampoco respetan la normativa aprobada haciendo caso omiso de la ley de Propiedad Intelectual y no entregando a los autores tanto su certificado como el del impresor, que la ley considera preceptivos, sobre el número de ejemplares impresos de la obra contratada". Sorel ha manifestado que si en un tiempo prudencial los editores no cumplen lo pactado, los escritores, a través de la ACEE, emprenderán acciones legales.En la ley de Propiedad Intelectual se recoge en el artículo 6 la posibilidad de aplicar esa serie de aspiraciones a las que hace referencia Andrés Sorel. En concreto, que editores y escritores pueden llegar al acuerdo de numerar y contraseñar todos los ejemplares de cada edición, indicando el procedimiento para llevarlo a cabo. Sorel afirma que mientras no llegue el día en que eso se pueda aplicar totalmente, piensan exigir lo que sí prescribe la ley, es decir, ese doble certificado de editores e impresores en el que antes de la puesta en circulación de los ejemplares de una obra, tanto sea única como en sucesivas ediciones o reimpresiones, el editor remitirá al autor una certificación relativa al número de ejemplares de que conste la tirada, acompañada de una declaración de la imprenta en la que se manifieste el número de ejemplares impresos y fecha de su entrega.

La ACEE afirma que son numerosos los escritores que han confirmado esta violación. "Desde aquí instamos", comenta la circular enviada a los escritores por la ACEE, "a todos los escritores a que exijan dicho certificado cada vez que publiquen una nueva obra, a que denuncien su incumplimiento, y ponemos a su disposición nuestra asesoría jurídica para intervenir en aquellos casos en que nos lo demanden". La ACEE han dirigido también su protesta a la Federación de Gremios de Editores de España, exigiéndoles que envíen a todos sus afiliados una circular demandando el cumplimiento y aplicación de la ley.

Rechazo a una cláusula

La reunión entre representantes de los escritores y editores celebrada la semana pasada en Madrid para llegar a un acuerdo sobre los nuevos modelos de contratos finalizó con el rechazo por parte de los primeros de la cláusula que permite a los editores ceder la gestión de los derechos de autor a la empresa Cedro. "Las dos partes hemos tenido que ceder muchas cosas durante el largo período de negociaciones, y ahora que habíamos llegado a un mínimo acuerdo, los editores no debían haber incluido esta cláusula", dijo a EL PAIS Andrés Sorel, secretario general de la ACEE.Para los escritores, la inclusión de esta cláusula en los contratos significaría la creación de un monopolio estatal en la gestión de los derechos de autor y violaría el derecho a la libre asociación. El próximo 26 de abril está prevista una nueva reunión entre editores y escritores en la que la ACEE, defenderá el derecho a elegir libremente la entidad que deseen que gestione sus derechos de autor.

Nueva empresa

Los escritores no descartan la posibilidad de crear ellos mismos una nueva empresa que se encargue de gestionar sus derechos, según explicó, Andrés Sorel. "La creación de una empresa de este tipo es muy costosa, pero existen fórmulas para que el Ministerio de Cultura subvencione su creación", dijo.Fuentes de la sección autónoma en Cataluña de la ACEE se mostraron más pesimistas sobre la creación de una nueva sociedad de gestión. "La creación de una entidad de servicios de este tipo es excesivamente cara y difícil de montar, ya que precisa personal especializado", dijeron las citadas fuentes.

La sociedad de gestión Cedro, que es la que intentan imponerlos editores, fue creada en junio de 1987 por más de 70 editoriales y un número indeterminado de autores, en su mayoría de textos técnicos y científicos. Desde su fundación fue rechazada por la mayoría de los escritores.

Por otra parte, Federico Ibáñez Soler, presidente de la Federación de Gremios de Editores, que ayer se encontraba en Dinamarca, ha sido nombrado presidente de la Federación Española de Cámaras del Libro, órgano de encuentro de las distintas cámaras del libro (Cataluña, Euskadi y Madrid), y en la que se hallan representados los diferentes gremios y asociaciones del sector del libro -editores, gráficos, distribuidores y libreros-. Ibáñez Soler compatibilizará ambos cargos.

Como representante de la Federación del Gremio de Editores, Julián Viñuales, de la editorial Orbis, quien estuvo dentro de la comisión encargada de llevar a cabo la creación del real decreto que regula el control de tirada, relaciona la denuncia de la ACEE con el acuerdo al que deben llegar editores y escritores sobre el modelo de contrato. Viñuales comenta: "Entre los miembros de la federación ha circulado un modelo de certificado de control de tirada a todos los editores", y añade: "Seguramente, lo que sucede es que los editores están esperando la aprobación de ese modelo de contrato de edición en el que se recogería la obligatoriedad del editor de presentar la certificación de control de tirada que expiden el impresor y el encuadernador, en el caso de que éstas sean dos empresas distintas".

Viñuales afirma que el autor tiene la facultad de comprobar que estos datos son ciertos, datos que están en poder del propio editor y que han sido proporcionados por el encuadernador y el impresor.

Viñuales concluye: "Somos muy conscientes de los derechos de los escritores, y todos los editores estamos pendientes del consenso entre editores y escritores de ese modelo de contrato en el que se recoge la obligatoriedad del control de tirada".

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