El juez reitera a la fiscalía la declaración de renta del subastero Alberto Royuela

El juez Vicente Conca, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, remitió la semana pasada a la fiscalía de la Audiencia los datos relativos a la declaración de renta del ejercicio de 1987 de Alberto Royuela, un conocido subastero en el ámbito de las Magistraturas de Trabajo de Barcelona. El juez tomó esta decisión a la vista de los datos facilitados por la Delegación de Hacienda respecto al ejercicio de 1987 por si en la declaración se pudo cometer alguna irregularidad.Royuela declaró una base imponible de 205.502 pesetas en el impuesto sobre la renta de las personas flisicas y de 45.008.592 pesetas en el impuesto sobre el patrimonio. El juez ha enviado la documentación para que el fiscal investigue "por la evidente desproporción de las cifras correspondiente a la declaración de renta".

El juzgado requirió la colaboración de Hacienda dentro de una investigación abierta contra Royuela por un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.

De hecho, Alberto Royuela está a la espera de que se fije la fecha de juicio por esta causa, ya que el fiscal formuló acusación y solicitó el pago de una multa que ascendía a 27 millones de pesetas.

En el proceso instruido consta una relación de bienes del acusado, entre los que se encuentran más de 20 vehículos. Uno de ellos es un Rolls-Royce. Los signos aparentes de riqueza de Royuela y las cantidades de dinero que manejó en la operación investigada judicialmente fueron otros motivos por los que el juez resolvió enviar los documentos a la fiscalía.

El proceso penal se desencadenó por la subasta de una finca, en el término de l'Hospitalet de Llobregat, de la que Royuela fue adjudicatario. La finca era propiedad de la empresa Auxiliar Textil Algodonera, y la Magistratura de Trabajo número 8 de Barcelona se la adjudicó al subastero en el mes dejulio de 1984 por una cantidad de 25.000 pesetas, aunque ha sido valorada pericialmente en 137 millones de pesetas. Posteriormente se descubrió que la empresa tenía una deuda con los trabajadores que ascendía a más de 77 millones de pesetas.

Los trabajadores presentaron una demanda ante un juzgado, instancia que ordenó que se procediera a subastar la finca. Royuela, en unión de otros dos acusados en el procedimiento, arrendó la finca a nombre de uno de ellos para alejar a los posibles postores interesados en ella, hecho que, según el fiscal, constituye un delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas.