Política económica ,inflación y giro social

La política de ajuste económico emprendida desde principios de esta década ha contribuido a frenar las tasas inflacionistas, pero ha afectado negativamente al empleo y a la distribución de rentas. A partir de este análisis de situación, el autor pone en tela de juicio la marcha de la situación económica, que, según afirma, no es tan positiva como algunos tratadistas han querido hacer ver.

En la década de los setenta, y tras la recesión mundial acaecida en 1974-1975, los países más desarrollados se encontraron afectados por una fuerte inflación e incremento progresivo del paro. A fines de los ochenta, la inflación ha descendido bastante, aunque en los momentos actuales tienden a producirse rebrotes inflacionistas. El paro sigue manteniéndose, no obstante, a niveles excesivamente elevados.La principal causa del paro actual es fundamentalmente la desaceleración del crecimiento económico que se produjo con motivo del surgimiento de la crisis de los setenta. Después de un largo período de crecimiento rápido y elevado, la economía mundial se encontró obligada a adaptarse a un nivel de actividad menor, al tiempo que se vio sometida a un conjunto de perturbaciones. Las economías nacionales y los gobiernos no fueron capaces de dar respuestas adecuadas a los problemas surgidos. En otras palabras, los instrumentos tradicionales que se habían venido utilizando en la política económica dejaron de ser válidos.

Empleo y reparto de renta

El desconcierto creado se trató de combatir con políticas fiscales expansivas, lo que produjo elevados déficit presupuestarios, y muchas empresas en la convicción de que este proceso era pasajero aceptaron pérdidas pensando que eran temporales, despreocupándose de reorientar su actividad. Unos tipos de cambio flotante y una amplia oferta monetaria internacional, debido a la abundancia de petrodólares, permitieron una cierta alegría financiera. Por lo general, la inflación se trató de combatir con la política de rentas; sin embargo, al finalizar la década, las subidas de los precios eran elevadas, así como los déficit públicos y de balanza de pagos en muchos países, bastantes de los cuales, además, se habían endeudado alegremente.

En los inicios de los ochenta, la mayoría de los gobiernos adoptaron políticas económicas de estabilidad y de ajuste, y en consecuencia depresivas, que trataban fundamentalmente de frenar la inflación con políticas monetarias restrictivas.

La aplicación de estas medidas ha tenido consecuencias negativas para el nivel de empleo y la distribución de la renta. Sin embargo, sus defensores la han valorado positivamente considerando que ha sido muy eficaz en el freno de la inflación y en la consecución de la recuperación económica que ha tenido lugar básicamente desde 1985 en los países desarrollados. No obstante, hay que señalar que la desaceleración del proceso inflacionista no ha dependido sólo de las restricciones monetarias, sino también de la disminución del precio del crudo. En España, el partido socialista al acceder al Gobierno acudió a las medidas tradicionales que caracterizaron a estas políticas de ajuste en el convencimiento de que había que frenar la inflación como objetivo prioritario y reducir además el déficit público. De este modo se seguía aquí la ortodoxia dominante en ese momento en los círculos económicos más influyentes. Las consecuencias de esta política es que ha afectado negativamente al nivel de vida de ciertos sectores de la población y al nivel de empleo, registrándose la mayor dureza en los años comprendidos entre 1982 y 1985. En este período, además de las implicaciones sociales señaladas, hay que anotar que la actividad económica se mantuvo a unos bajos niveles por lo que se refiere a la producción, inversión y demanda. A partir de 1985 la situación tiende a cambiar iniciándose un ciclo expansivo de la producción con tasas anuales de crecimiento del PIB, alcanzándose en 1987 una cifra muy significativa del 5,2%.

Este crecimiento ha dado la sensación de vivir en una situación de bonanza económica, a lo que ha contribuido la estabilidad en los precios de los alimentos gracias a las buenas cosechas continuadas y a la caída del precio del petróleo y de otros bienes importados. Una recuperación en el nivel de empleo y en cierto modo del poder adquisitivo parecía dar la razón a todos los que habían preconizado las bondades de una política de ajuste como una medicina necesaria pero amarga para sanear nuestra economía y conseguir de esta forma la recuperación futura.

Aun admitiendo el hecho de la mejora de determinados indicadores, y el saneamiento que ha tenido lugar en muchas empresas, resulta imprescindible realizar determinadas puntualizaciones sobre la marcha de la economía, que no es tan positiva como ciertos tratadistas y fuentes gubernamentales han querido hacer ver.

Respuesta social

¿Qué ha sucedido para que en los momentos de mayor optimismo del Gobierno y de un verdadero alarde del éxito de su política económica, la sociedad, mayoritariamente, haya manifestado el 14-D su disconformidad con el discurrir de los acontecimientos económicos y sociales?

En primer lugar, por lo que concierne a la creación de empleo, hay suficientes datos para poder afirmar que la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo corresponden a contratos temporales o a tiempo parcial, lo que refleja la tendencia que se está produciendo hacia la precarización del mercado laboral. En segundo lugar, el crecimiento del salario real que se ha manifestado sobre todo en el bienio 19871988 no es tan evidente si se deducen las contribuciones a la Seguridad Social de los trabajadores y los impuestos directos. La renta disponible de los asalariados para adquirir bienes y servicios de consumo y proporcionar ahorro no ha sufrido mejoras significativas ni siquiera en los momentos -de mayor auge, lo cual contrasta con el crecimiento obtenido por los beneficios empresariales. Se puede objetar esta afirmación señalando que ha habido un crecimiento de la demanda de bienes de consumo, lo que en definitiva vendría a reflejar el aumento del poder adquisitivo no sólo de los empresarios sino también de los trabajadores. Pero para entender esto hace falta realizar algunas consideraciones sobre determinados aspectos del crecimiento económico español del período 1985-1988.

Un crecimiento económico que ha tenido unos protagonistas principales en la inversión exterior, la expansión del sistema financiero y la especulación. La inversión exterior se ha más que duplicado entre 1985 y 1987, alcanzando un billón de pesetas en este último año. La inversión en cartera aparece en primer lugar en 1987 superando a las directas y a las realizadas en inmuebles. Unos datos que reflejan el carácter especulativo que han tomado determinados flujos de capital procedentes del exterior, así como la dependencia progresiva del sistema productivo en relación a las grandes empresas transnacionales. La especulación ha contribuido a que una parte considerable de los recursos financieros se desvíen desde la inversión productiva hacia la inversión de activos que ya existen. Este proceso y la revalorización de los activos reales o financieros beneficia a sus propietarios e incrementa su riqueza personal, pero no la del resto de la población. Si bien el camino seguido por la economía española ha tenido un sustento en la expansión de la producción real de bienes y servicios, se ha basado también en actividades que no pueden servir para generar un progreso económico duradero y estable. Además, sobre todo en las grandes ciudades, se han multiplicado los precios de las viviendas, tanto de venta como de alquiler. Si al precio elevado en la compra de las viviendas se suma el alto coste del crédito, se comprenderá la dificultad que representa para gran parte de la población el adquirir una vivienda, y en el supuesto de hacerlo, el esfuerzo que ello supone .

La expansión sufrida por los sectores mencionados ha generado una demanda que se encuentra muy relacionada con el enriquecimiento de algunos estratos de la población, propietarios de activos, de patrimonio o de obtención de ganancias del capital. A su vez, segmentos de la población vinculados a esta expansión -profesionales liberales, ejecutivos de alto nivel- han visto incrementar sus sueldos de un modo considerable, lo que les ha convertido en agentes generadores de una demanda vinculada a bienes de consumo de lujo.

En otro tipo de consideraciones, hay que tener en cuenta el incremento habido en la presión fiscal desde 1978. Un incremento necesario y que nos comienza a situar al lado de los países más desarrollados, si bien este incremento se ha llevado a la práctica de un modo desigual, de forma que las rentas del trabajo han visto aumentar su carga fiscal en casi 11 puntos en el período del Gobierno socialista, mientras que las del capital lo han hecho sólo en siete. Este esfuerzo fiscal por parte de los asalariados no se ha compensado por una mejora de los servicios asistenciales, prestaciones sociales y obras de infraestructura. En muchos casos, incluso se sufre un deterioro de estos servicios, por lo que no se produce una mejora en el bienestar de la población. Un gasto público que se ha destinado en gran parte a financiar reconversiones industriales, crisis bancarias y expropiación de Rumasa, de dudosa eficacia en sus resultados; unos crecientes gastos de defensa y una excesiva burocracia de las administraciones públicas que no se concretan y materializan en una agilidad administrativa y en un buen servicio a los ciudadanos. La reforma de la Administración se ha quedado como una asignatura pendiente del proyecto socialista.

Necesidad de mejoras

La situación social requiere que se haga un esfuerzo en este sentido. La mejora en la gestión de los servicios públicos y el aumento en la cobertura social se: imponen como una necesidad para conseguir una mayor equidad social y paliar los efectos negativos de un modelo de crecimiento que ha agudizado la dualidad y la polarización. Todo ello es más urgente cuando, además, en España no se había 'desarrollado con anterioridad una sólida red del Estado del bienestar como se había dado en los países europeos más avanzados. Este hecho se convierte en una diferencia sustancial que separa a la economía española de las europeas, pues aunque la política económica responde en sus líneas generales a la seguida en otros lugares, la política social tiene marcadas divergencias. En todas las naciones el Estado del bienestar se ha encontrado sometido a recortes y ha sufrido un desgaste y delerioro considerable, pero el hecho de partir de niveles más elevados funciona como colchón amortiguador de los efectos más negativos producidos por la crisis, de lo que se deduce que resulta necesario efectuar un avance en la política social sin que ello tenga que suponer un desajuste en el cuadro macroeconómico.

El rebrote inflacionista aparecido en los últimos meses es el síntoma de un agotamiento que está sufriendo este inodelo de crecimiento y que muestra las limitaciones de una forma de concebir la política económica, que se encuentra excesivamente preocupada por frenar la. inflación con medidas monetarias, y que

,no se plantea unos objetivos de mayor alcance que consideren la forma de mejorar la competitividad de la economía española y el proceso de innovación tecnológico. Ha llegado el momento de modificar los supuestos seguidos hasta la fecha e iniciar un cambio de rumbo en los objetivos marcados por el Gobierno; de lo contrario, estaremos presa, de la evolución del exterior, del enriquecimiento de algunos a costa del empobrecimiento de otros.