Interior no aporta los datos pedidos por el tribunal sobre fondos reservados

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, no ha contestado al requerimiento realizado por la Audiencia Nacional con el fin de que aclare la utilización de fondos reservados de su departamento para pagar a mercenarios de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y los viajes del subcomisario José Amedo, a Portugal para reclutarlos. La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró secreto el sumario, pero, ante la falta de respuesta de Corcuera y transcurrido el mes de plazo, ha tenido que levantar la reserva.

El levantamiento del secreto ha permitido conocer que los magistrados Juan Orbe, Roberto Hernández y Alfredo Vázquez se habían negado a investigar a fondo la mecánica de los gastos reservados del Ministerio del Interior como medio de conocer la financiación de los GAL, en contra de lo que había propuesto el juez instructor, Baltasar Garzón.Los magistrados decidieron, de acuerdo con la propuesta del fiscal, preguntar al ministro únicamente por el origen de los fondos con que se pagó el viaje de Amedo a Portugal en enero de 1986, la procedencia de los 15 millones que Amedo ingresó en la cuenta compartida con su padre después del cuádruple asesinato de Mon Bar en Bayona, el origen de las 800.000 pesetas entregadas al gal Patrick Pironneau y del dinero entregado a los mercenarios portugueses.

El tribunal pedía en su resolución que el ministro del Interior contestase a las preguntas concretas sobre los extremos citados, pero, aclaraba, "sin que las respuestas afecten a los medios y procedimientos operativos de los servicios de información, verdadera materia clasificada, por acuerdo del Consejo de Ministros y por ellos afectada por la ley de Secretos Oficiales".

Las preguntas fueron formuladas a través del presidente del Tribunal Supremo Antonio Hernández Gil. Fuentes jurídicas aseguran que el titular del tercer poder del Estado se negó a trasladar el cuestionario y precisó que el cauce oportuno debía ser la presidencia de la Audiencia Nacional. Los magistrados integrante del tribunal debieron subsanar el fallo, admitieron por escrito su error y remitieron de nuevo las preguntas a través de su presidente, Fernando de Mateo.

Dudas de los magistrados

Las mismas fuentes han precisado que la negativa del presidente del Supremo a tramitar la petición del Tribunal supuso un serio revés para los magistrados y para el fin último de la comisión. Es dificil, consideran, que el ministro se tome en serio las preguntas si observa que se va rebajando la autoridad del que tramita la petición Las respuestas de Corcuera no han llegado y los magistrados no saben qué actitud tomar: si esperar a la respuesta si prorrogar el plazo o requerir de nuevo al ministro.Fernando Salas, abogado que ejerce la acción popular en el caso, ha calificado de "lamentable" la falta de respuesta del ministro, y ha señalado que constituye "un desprecio total y un desaire al tribunal". "Esto nos confirma lo que venimos diciendo", precisó Salas: "el Ministerio del Interior y el Gobierno no tienen interés en facilitar datos, sino que deliberadamente están dificultando y obstruyendo la acción de la justicia. Esto demuestra que al Gobierno le preocupa muy poco lo que vaya a suceder. O la justicia hace valer sus derechos y toma una postura seria ante la actitud de mofa de la Adiministración o arroja la toalla".

"Nosotros", dijo Salas, "pensamos que la actitud de no contestar constituye delitos de desacato y denegación de auxilio a la justicia, y vamos a solicitar a la sala que se emplace al ministro para que conteste en un plazo de 24 horas, y en caso de negativa exigiremos que se adopten medidas penales contra el ministro del Interior".