Medidas ante los fraudes y la especulación

Son cada vez más las voces que reclaman medidas contra la especulación inmobiliaria y los fraudes en este sector, habiendo anunciado incluso el Gobierno la próxima adopción de decisiones al respecto, propósito al que convendría hacer algunas observaciones, como las que siguen:Ante todo ha de destacarse lo tardío de esas posibles medidas cuya necesidad era bien evidente desde hace ya largo tiempo. El no haberlas tomado antes ha ocasionado considerables perjuicios tanto a los ciudadanos particularmente afectados como al conjunto de la economía y la sociedad.

Por lo que hace a los fraudes en las promociones, transmisiones y puesta en uso de bienes in muebles, si se quiere realmente empezar a poner remedio a tal problema, resulta imprescindible reforzar sustancialmente los controles y garantías en todas esas actuaciones y operaciones con tal tipo de bienes, lo que a su vez exige que en la contratación no fehaciente -es decir, en cuantas operaciones se realicen no por escritura notarial, sino por documentos privados- se establezca, no obstante, algún tipo de constancia pública en defensa de terceros y de los propios intervinientes en dichas operaciones, cuya constancia -con finalidad precautoria- podría consistir en la anotación preventiva en los registros de la propiedad, a lo que podrían añadirse asientos informativos en los catastros y en los centros de gestión de las contribuciones territoriales. Teniendo también gran importancia al mismo propropios registros entre sí a efectos de conocimiento de los datos obrantes en cada uno de ellos y de su puesta a disposición del público.

Reserva de suelo

En cuanto a la especulación, que ahora el Gobierno parece querer frenar con algunas intervenciones en el mercado del suelo, ha de señalarse que las mismas no darán mucho resultado si luego sigue sometido a las actuales demasías especulativas lo que llegue a construirse sobre los terrenos objeto de un posible mayor control. Pues podrá ser el suelo algo menos caro -si es que realmente ello se consigue-, pero no lo será el producto final, o sea, las viviendas, las oficinas, los locales, etcétera, si en su promoción, transmisión y uso no se corrigen las prácticas que hoy imperan.

En tal sentido habrían de promulgarse normas adecuadas para que fuese de nuevo posible la reserva de suelo para viviendas de protección oficial en los planes generales de ordenación urbana, ya que esto, hoy día, no resulta viable a causa de determinadas sentencias jurisprudenciales. También tendría que restablecerse la estabilidad en los arrendamientos, para lo que sería preciso derogar el decreto de 30 de abril de 1985 que suprimió la prórroga legal de los contratos locativos, supresión a la que se debe, en no escasa medida, la fuerte alza de los precios de los inmuebles, ya que esa precarizacion del uso de éstos en alquiler ha generado una demanda forzada de su adquisición en propiedad, sin que, por otro lado, se haya visto -en los cerca de cuatro años que lleva ya en vigor aquel decreto- ningún sustantivo aumento de la oferta de alquileres.

Abaratar los precios

Y como es obvio, un intento sincero de abaratar los desmesurados precios de los pisos reclamaría igualmente una potenciación e incentivación adecuadas de las viviendas de carácter social, con precios tasados y controlados tanto en compra como para su uso en alquiler, lo que ha de llevar aparejado el refuerzo de los derechos y de las defensas legales tanto de los adquirientes en propiedad como de los inquilinos. Y al hablarse de viviendas de carácter social se ha de pensar que sus destinatarios no tendrían que reducirse sólo a los ciudadanos más indigentes, pues no puede olvidarse que hoy, incluso para las familias de actuales precios, se ha vuelto inasequible.

Por último, tampoco omitamos que ciertos aspectos de la política fiscal no han dejado de contribuir al encarecimiento mayúsculo de los inmuebles, habíendo tenido este efecto las enormes subidas de los valores catastrales y de las contribuciones urbana y rústica, la aplicación del IVA a las viviendas sociales y a los alquileres (exentos en otros países de la Europa comunitaria) y la propia estructura de los impuestos sobre la renta, sobre los beneficios de las sociedades y sobre el patrimonio. Para remate, los créditos, tanto hipotecarios como personales, vienen soportando en España los más altos tipos de interés de todos los países occidentales, lo que se traduce en otro factor más de excesivo encarecimiento en cualquier operación inmobiliaria.