La 'caza' del extranjero

Los extranjeros, especialmente emigrantes y refugiados, que hasta ahora suscitaban una mezcla de solidaridad y xenofobia en la sociedad española, han adquirido en los últimos meses biografías sospechosas. Las nuevas restricciones económicas y la progresiva implantación de la frontera única europea convierten a todo emigrante no suficientemente documentado en un candidato a la expulsión, práctica que, a través del internamiento temporal en centros de extranjeros, se ha convertido en una rutina diaria.

Francisco Leonel Campos estaba leyendo tranquilamente el Asno de oro la mañana del jueves 16 de marzo como si nada ocurriera a su alrededor y nada pasara por su cerebro. Tan poderosa concentración era fruto, probablemente, de su condición de actor, pero también de su empeño en olvidar el lugar en el que se encontraba esa mañana y el extremo papel que estaba representando. Rodeado de otros hombres y mujeres de diferentes nacionalidades -alrededor de sesenta-, que, vigilados por algún policía, seguían con desgana la programación matinal de un televisor encendido, el salvadoreño seguía leyendo impasible, como si en vez de estar en el centro de detención de extranjeros de Madrid se encontrara junto al velador de su piso madrileño de la calle de San Joaquín, la vivienda que ha compartido con un español hasta el 1 de marzo, fecha en que el azar quiso que fuera interpelado por la policía acerca de su documentación cuando cruzaba la Puerta del Sol.Un azar que modificó de forma instantánea sus últimos días. Hasta el punto de que este salvadoreño, que llegó a España en 1982 y que además de haber obtenido durante dos años becas de ayuda al refugiado ha actuado en el reparto de más de una zarzuela, fue conducido a Barajas el pasado 6 de marzo, cinco días después de su detención, para ser expulsado del país. Sólo el recurso y la petición de tutela ante el juez de guardia suspendió en el último momento su subida al avión y cambió, de momento, el desenlace previsto. No obstante, fue llevado de nuevo al centro de extranjeros de Madrid para agotar el plazo de detención.

Por ser actor y ser tratado inicialmente como refugiado -aunque sin estatuto-, Campos no ha tenido problemas para trabajar sin necesidad de presentar permiso de residencia, pero no es la primera vez que tiene problemas burocráticos. "En 1985 me contrataron en la Zarzuela para hacer de bufón y me volví loco para obtener permiso de trabajo. Inicialmente me pedían permiso de residencia, y para obtener ésta, un visado especial de trabajo. Hasta que en Exteriores me dijeron que no requería visado, sino tan sólo presentar el contrato en el Ministerio de Trabajo. Lo hice así y me dieron permiso de trabaje, hasta 1987. Pero al querer renovarlo me pidieron otra vez la. residencia y lo dejé".

Es una historia común. Campos forma parte de los 360.000 extranjeros indocumentados que viven en España, una tentación para la policía, que, con la ley de extranjería en la mano, puede abordarlos. en la calle dejándose guiar simplemente por su color o sus rasgos.

Expulsiones rápidas

"Expulsiones por no tener todos los papeles; o por no haber renovado algún documento ocurren todos los días", afirma la abogada que asesora a Campos, María Ángeles López. "Algunas de ellas pueden recurrirse y paralizarse incluso a pie de avión si se actúa con celeridad, pero otras no, porque empieza a ser frecuente que ejecuten la expulsión a las pocas horas de notificarla, lo que impide recurrir", agrega la letrada.

A pocos metros de Campos, Mustafá Ajoau, sereno y grave, no disponía el jueves 16 de marzo de un libro para leer, pero en su bolsillo guardaba una notificación de expulsión que acababa de recibir y que el joven marroquí pensaba enseñar a su abogado esa tarde. Mustafá tiene un hijo de tres años con una española y llegó a este país en 1984, tras quebrar la imprenta de Melilla en la que trabajaba con anterioridad. Ha trabajado como recepcionista en una residencia de ancianos y en una discoteca y hasta hace poco vendía cazadoras de cuero en el Rastro, pero le negaron el puesto en la última reestructuración.

Unido a su compañera por un certificado de convivencia notarial -"su familia dijo que sólo la quería por los papeles y mi orgullo no me permitió contraer matrimonio"-, Ajoau obtuvo permiso de residencia por un año, que no le renovaron después por no tener permiso de trabajo. A pesar del aval de su mujer, que se dedica a la limpieza y que aseguró que estaba dispuesta a mantenerlo, no ha logrado un nuevo permiso de residencia.

"¿Puede demostrar que es comerciante?", le preguntaron a Mustafá cuando dijo que vendía cazadoras. El resultado es que, si no recurre antes, puede ser expulsado en el plazo que media entre escribir este reportaje y su publicación. "No pueden separar a un padre de su hijo", argumentaba Mustafá Ajoáu el pasado jueves. "No entiendo por qué me detienen y me quieren expulsar de esta extraña manera. Podrían darme una carta y decirme que me fuera, pero no así", concluyó.

De esa extraña manera fue obligada a marcharse la ecuatoguineana Dolores Barleycon, expulsada a primeros de marzo por no tener permiso de residencia ni "trabajo lícito". Barleycon traba jaba en un top less y convivía con el también ecuatoguineano Nemesio Erike, bailarín con contrato en regla y padre de su hija Sandra, de 19 meses y nacida en Madrid. A pesar de los esfuerzos del Defensor del Pueblo, obliga do a regatear durante la noche del 3 de marzo un infructuoso aplazamiento de la expulsión, Barleycon fue llevada a Barajas esa noche para viajar de madrugada a su país con una orden de expulsión con fecha de 4 de marzo.

"Ése es el pan de cada día", opina el ahogado de Cáritas José Valero. "Actúan con tal tremendismo que no da tiempo a aportar la documentación que falta y que en muchos casos puede lograrse. Puedo entender, aunque no lo comparta, que haya que limitar la entrada en una Europa que necesita reestructurarse Pero es que están cazando a la gente en la calle. Y están expulsando a marroquíes que llevan aquí desde los años sesenta, gente que ha trabajado de agricultor en Cataluña o que ha estado abriendo zanjas hasta ayer para los ayuntamientos de Boadilla o Majadahonda (Madrid)".

Como rosquillas

El día anterior a la primera mascletá de las fallas, Khalid Dlbba, también marroquí, decidió sumarse a la algarabía de la ciudad armando su particular escándalo en el centro de detención de extranjeros de Valencia. Dibba, casado con una española, pero ilegal, fue detenido el 8 de marzo y llevado al centro de detención, mas precario en instalaciones que su homólogo hotel madrileño. Y el 15, sumido en la penumbra de una ciudad con clima de primavera y frustrado por no poder ver a su mujer más que una hora a la semana, Dibba -junto a otrosrompió algún que otro mobiliario y después se achinó, o sea, se autolesionó con cortes en diferentes partes del cuerpo, hecho difundido por su abogado, el letrado valenciano Manuel Sáez.

"El problema de fondo no es la ley, sino que gran parte de los jueces de instrucción se desentienden de los autos de internamiento y los conceden como rosquillas, olvidando que los expedientes también pueden hacerse en régimen abierto, sobre todo cuando el sujeto tiene domicilio fijo", declara Manuel Sáez. "La prueba es que raramente se dictan autos de internamiento contra blancos o europeos, a excepción de algún mendigo alemán absolutamente indocumentado. Por el contrario, han llegado a detener y expulsar a un africano que sólo llevaba cinco días en Valencia y que podía estar perfectamente como turista". "Lo grave no es que los expulsen, puesto que es recurrible, sino que la policía los tenga hasta 40 días en su corral. Porque, efectivamente, no están en la cárcel, pero al menos en Valencia están peor: están encerrados 22 horas, sólo tienen dos horas de patio y encima no tienen derechos ni están vigilados por funcionarios de justicia".

El endurecimiento progresivo de la legislación también empieza a afectar a Mónica Gómez, chilena y madre de cuatro hijos -dos de ellos, nacidos en Madrid-, que al Regar a España, en 1981, solicitó refugio y más tarde, al denegárselo, asilo. Gómez y su compañero obtuvieron el primer año de estancia en España la ayuda económica preceptiva para los solicitantes de asilo -en la actualidad, 3 1.000 pesetas por persona, o 42.000 por matrimonio.

Después, pasado el año y denegado el estatuto, Gómez ha seguido solicitándolo y ha logrado renovar cada tres meses un carné provisional de solicitante de asilo. Así han llegado hasta hoy, manteniéndose a base de confeccionar y vender ropa en el Rastro, aunque "ahora el Ayuntamiento me ha quitado el puesto por no tener permiso de trabajo". Viven en un pueblo de la comunidad madrileña donde sus hijos van al colegio y su suerte se repite en aquellos suramericanos que al comienzo de la transición fueron recibidos como virtuales refugiados y que, al no haber conseguido consolidar su situación con la holgura de otros compatriotas, padecen ahora el progresivo estrechamiento del cerco.

Garantías dudosas

"Ésta es una ley para no tener extranjeros", opina un portavoz del Comité de Defensa de Refugiados, Asilados e Inmigrantes de España (CONRADE). "Se está aplicando a rajatabla y se achaca a las presiones de nuestros socios, pero se olvida que en Europa también hay países, como Francia, que mantienen una actitud más selectiva frente a otros más duros, como Dinamarca y la RFA, a los que España parece querer imitar", continúa el portavoz. "Con la diferencia de que la policía española no está tan concienciada en derechos humanos como la belga o la francesa.. La ley es parecida, pero aquí se aplica peor, con más trabas burocráticas y dudosas garantías", finaliza.

Trabas burocráticas que dificultan también la integración de norteamericanos o europeos que no sean inversores o que no dispongan de un contrato previo. Como le ocurre al norteamericano David Pawlak, que, a pesar de ser "vecino e inquilino de Madrid desde 1977" y de tener trabajo estable en una escuela de idiomas, lleva desde finales de 1987 intentando regularizar su situación de forma duradera.

Cáustico y con cierto talante de viejo hidalgo, Pawlak, que dispone de tiempo y no le apremia el dinero, asegura que los meses que ha permanecido ilegal ha donado su sueldo a la escuela en la que trabaja. "Sé que soy un privilegiado, porque he compartido colas con otros extranjeros en la comisaría de Los Madrazo y el trato es de ganado. Este carné de trabajo, aunque caducado, es de oro", afirma Pawlak. Sigue, por tanto, renovando permisos acompañado de una fotocopia de la ley de extranjería con un texto subrayado en el que se lee la pretensión de "favorecer la integración de los extranjeros en la sociedad española".

Ver reportaje en el suplemento Domingo, páginas 1 a 3.