Una ahogada pide al Supremo que corrija a los jueces que suavizan las condenas con explicaciones machistas
Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Enrique Ruiz Vadillo, dejó ayer visto para sentencia el recurso de casación contra la sentencia que absolvió del delito de tentativa de asesinato a Ricardo Oliva Trigueros, quien introdujo en la vagina de su compañera, Carmen Cárdenas, un hierro al rojo vivo. " La abogada María José Varela pidió a la sala que corrija a los magistrados que adujeron conceptos machistas para explicar la condena a sólo cinco años que impusieron al procesado.
El origen del recurso es la sentencia que condenó a Oliva por detención ilegal y lesiones a un total de cinco años de cárcel y le absolvió de tentativa de asesinato, de la que le acusó tanto el fiscal como la acusación particular, que pidieron más de 15 años de cárcel.Según los hechos declarados probados, en la madrugada del 26 de octubre de 1986, Ricardo Oliva, de 46 años, que convivía maritalmente con Carmen Cárdenas, de 44 años, "irritado por lo que le pareció conducta disipada de su compañera durante el tiempo anterior en un bar, al llegar a su domicilio en la calle Juegos Florales, la encerró en una habitación (...) hasta media tarde de dicho día, sin dejarla salir y dándole agua en el recipiente del perro".
La irritación del hombre
El relato agrega que Oliva "fúe irritándose a la par que profería insultos contra la mujer y abofeteándola periódicamente, hasta que aproximando una mesa a la puerta, plantó fuego con periódicos y ropa, calentando sobre el mismo una barra de metal con la que entró de nuevo en la habitación y agredió a Carmen, ocasionándole heridas", detalla la sentencia, "en semiabdomen inferior y genitales que ocasionaron quemaduras de segundo y tercer grado en hipogástrico, fosa iliaca izquierda, cara interna de ambos muslos, genitales externos y vagina, de las que curó en 111 días, restándole cicatrices". Antes de que llegaran los bomberos, Oliva apagó el fuego con un cubo de agua.
En los fundamentos jurídicos de la sentencia, de la que fue ponente Adolfo Fernández Oubiña, el tribunal se refirió a la "norma de cultura, al parecer imposible de erradicar, nacida de mitos y creencias religiosas" para "explicar, que no justificar, la realidad de machos que vierten sobre la hembra toda la condición de canalla que en el temor reprimen". Tal norma de cultura es, dice la sentencia, la que dibuja "a la mujer como epígono del hombre, al formarse del único hueso del que puede prescindir el varón sin desmerecer en su anatomía; material desechable, por tanto, y definidor de inferioridad, válido solo para uso y abuso".
Dentro de este marco explicativo, la sentencia negó que en el procesado hubiera intención de matar, ya que, de haber sido así, "sencillo le resultaría seguir accionando el artefacto al rojo vivo sobre víscera en que el dolor, ya de por sí, sería causa bastante de muerte". En la defensa de su recurso de casación la abogada señaló que, según el acta del juicio, quedó probada la intención de matar, no sólo por las amenazas de "quemarla viva", sino porque el condenado apagó el fuego al oir la sirena de los bomberos. Por lo demás, la letrada impugnó la minusvaloración de la mujer que contiene la sentencia.
El fiscal pidió también la casación de la sentencia, pero dio por reproducido su recurso escrito y no hizo ninguna alegación durante la vista.
Ocasión para el alto tribunal
La abogada María José Varela recordó ayer al Supremo la posibilidad de corregir la vulneración de principios constitucionales por los juzgadores". Tal vulneración se produce, dijo, "en determinadas declaraciones descriptivas (...) que no sólo humillan a la mujer agraviada, sino a todas las mujeres y a la sociedad que ha jurado una Constitución que no puede alterarse con fragmentos del Génesis libremente interpretados". La abogada se refería a la alusión a la costilla en la sentencia impugnada y brindaba la ocasión de frenar "de un modo ejemplar a los magistrados".Esta posición fue compartida por el nutrido grupo de abogadas y miembros de organizaciones feministas que asistió a la vista y se mostraron sorprendidas por la pasividad del fiscal en la misma. Varias de ellas recordaron la promesa realizada el lunes por el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, de instruir a los fiscales sobre las sentencias contra la mujer.
