Jugadores de ventaja

LA PELEA que con tanto estrépito y algarabía ha enfrentado en los dos últimos años al fisco y a los famosos Lola Flores y Pedro Ruiz está a punto de concluir ante los tribunales tras un proceso dominado por la confusión, la demagogia y los excesos verbales. El humorista se ha librado por los pelos de sentarse en el banquillo por la comisión de un delito fiscal. La justicia ha determinado que lo defraudado -7,6 millones de pesetas en tres ejercicios fiscales- no alcanza el mínimo de cinco millones por año que el Código Penal exige para que la defraudación tenga carácter delictivo. La cantante no ha podido eludir el juicio público y ayer compareció ante la Audiencia de Madrid acusada de defraudar a la Hacienda pública 52 millones de pesetas.Aunque con resultado por el momento desigual en el terreno de la justicia, ambos casos se prestan a parecidas consideraciones. Su condición de famosos ha servido a la Hacienda pública como elemento ejemplificador en la persecución de una conducta tan antisocial -sea cual sea su tipificación delictiva- como la de dejar de pagar los impuestos correspondientes. Pero los propios afectados, que se han quejado de ser víctimas de esa persecución selectiva, no han dudado en echar mano en defensa propia de esa misma condición. Y para ello han utilizado todas las armas que les ponía a mano su popularidad, hasta llegar, como en el caso del humorista, al esperpento de presentarse a sí mismo como un ejemplo a imitar. Los ciudadanos se han visto cogidos así entre dos fuegos: por un lado, la sospecha de que Hacienda utilizaba la sanción de conductas fiscalmente insolidarias de personajes famosos como escarmiento vara descarriados y como elemento de distracción de la atención pública ante otros casos mucho más importantes y generalizados de fraude fiscal; y por otro, la pretensión de éstos de exculpar su actuación como respuesta justa e ineludible al acoso de un voraz, dilapidador e inquisitorial fisco.

La defraudación de sólo 7,6 millones de pesetas habrá ahorrado a Pedro Ruiz el trago de sentarse en el banquillo, pero deja al descubierto su pésimo comportamiento como contribuyente. Lola Flores podrá escapar de la condena si el tribunal atiende sus alegatos sobre la penuria de su economía doméstica, pero no podrá convencer a nadie de que ha obrado correctamente olvildando la declaración de sus ingresos durante cuatro años. Ni el exceso de gasto público, ni los despilfarros de gestión, ni los deficientes servicios públicos pueden amparar este tipo de actuaciones cuando, además, la carga impositiva es soportada abrumadoramente por los millones de asalariados obligados a la disciplina fiscal en razón del origen de sus rentas. Ciudadanos, por otra parte, que no disponen de ningún recurso de notoriedad para eludir esa obligación social.

Tampoco puede dejarse de denunciar la culpa que le corresponde a la Hacienda pública en la creación del clima de crispación y de temor con que los ciudadanos españoles han descubierto la dimensión fiscal del Estado moderno. La inseguridad jurídica en la que en estos momentos se mueve el contribuyente español es patética, y quienes la han propiciado o no han querido o sabido corregirla a tiempo siguen en sus cargos públicos como si nada les afectase. La deficiente precisión legislativa, la indefinición legal, el recurso a métodos amenazantes y a veces dudosamente constitucionales y la indefensión práctica del contribuyente son aspectos preocupantes que perviven en el sistema tributario español. Acabar con ellos no sólo es euestión de alternativas políticas; también es tarea de los ciudadanos, que tienen en sus manos los instrumentos legales y políticos de la democracia y la posibilidad de crear estados de opinión. Lo que resulta inaceptable es que alguien pretenda hacer creer a los contribuyentes que lucha contra tales defectos no pagando a Hacienda. Tal actitud no deja de ser una tomadura de pelo a los millones de ciudadanos que cumplen con sus deberes fiscales.