La Europa 'bunker'

La Europa comunitaria se debate entre una desaparición de las fronteras interiores y un auge de las trabas a la inmigración exterior. Si en la época de abundancia la mano de obra barata era bien recibida, en la actualidad la demagogia racista acompaña al recrudecimiento de las fronteras exteriores.

y CÉSAR DIAZ

Durante los últimos meses se han incorporado a nuestro discurso nuevos conceptos con significados prometedores: espacio social europeo, la Europa sin fronteras... La vieja Europa de las dos guerras mundiales camina, mediante una revolución pacífica -se nos dice-, hacia la eliminación de las separaciones y las barreras, hacia un mundo feliz lleno de promesas de prosperidad, libertad y respeto a los derechos humanos.Pero faltaría añadir, sin embargo, un concepto que se está formando a la vez que los anteriores, pero que no suena en los discursos políticos: el de una Europa bunker, en la que, a la par que desaparecerían las fronteras interiores entre los países de la CE, se endurecerían las fronteras exteriores, que se harían difícilmente franqueables para aquellos seres nacidos en países que padecen situaciones políticas y económicas difiíciles.

Los medios de comunicación han reflejado en sus informaciones tal tendencia. La mayoría de los países de la CE han sido tradicionalmente una tierra de asilo para los perseguidos políticos. También, durante la época de las vacas gordas, reclamaron mano de obra procedente de los países que ahora se consideran no deseables. Entonces, los turcos, los magrebíes o los suramericanos, entre otros, eran bien venidos, aunque quizá no bien vistos. Muchos de ellos procedían de las antiguas colonias europeas y accedían a algo así como su segunda patria.

Pero la situación se ha invertido durante- los últimos años. La mano de obra sobra. Los europeos tienen un índice de natalidad más bajo que sus convecinos extranjeros. Han surgido movimientos políticos que, como Le Pen en Francia o los neonazis en las recientes elecciones en Berlín Occidental, basan su éxito político en programas fundamentados en el recelo hacia las colonias extranjeras.

Así se ha consolidado un discurso por el que se habla de un "abuso del derecho de asilo político y de la inmigración económica". La consecuencia sólo puede ser una: restringir el acceso de extranjeros y la concesión de refugio a los mínimos casos. Las consecuencias serán, son ya, dramáticas para muchas personas con nombres y apellidos.

Afortunadamente, han surgido movimientos, como SOS Racismo en Francia, que intentan detener esta corriente. Sin embargo, se ha expandido una opinión por la que se excluye de la protección de los derechos humanos a los que no tienen carta de ciudadanía. Una parte de los políticos parece tender a plegarse a esa corriente (o al menos a no oponerse abiertamente) ante su rentabilidad electoral.

Así, los ciudadanos de esos países suelen resultar sospechosos por el único hecho de su nacionalidad. Se han publicado listas negras de países, que se usan, por ejemplo, en los controles de los aeropuertos. Se tiende a pensar que es más posible que sean peligrosos terroristas o delincuentes, que personas que pueden estar intentando huir de la cárcel o de la muerte. Con demasiada frecuencia se habla de endurecimiento de las normas sobre concesión de refugio, pese a tratarse de temas distintos que no se deben solapar. También se ha oído repetidamente el temor de un país a abrir la mano en materia de refugio mientras los demás países, lo cierran, y convertirse así en objetivo preferido de los perseguidos.

Voz de alarma

Amnistía Internacional (Al) es una de las organizaciones que ha dado la voz de alarma. Aunque la situación de los refugiados no figura entre los temas de su trabajo, ni se posiciona sobre los problemas relacionados con la inmigración o las normas que la regulan -como los aspectos que se han mencionado más arriba de este artículo-, sí les preocupan en cuanto pueden convertirse en presos de conciencia o ser torturados o ejecutados si son obligados a viajar a países inseguros.

El desarrollo de los acontecimientos la hizo dedicar su informe anual de hace dos años a este problema, y en sus oficinas se reciben con creciente frecuencia denuncias de personas desvalidas, amenazadas de expulsión o a las que se ha prohibido la entrada a los países para presentar su solicitud de refugio, para lo que se quebrantan en ocasiones los principios de la Convención de Ginebra.

Al considera que obtener el estatuto de asilo resulta cada vez más difícil para los solicitantes que no son conocidos opositores políticos. Se suele aducir la falta de pruebas que muestren la real persecución del solicitante, con el argumento de que ser de una determinada nacionalidad no basta para probarlo, aunque exista una situación generalizada de persecución. ¿Cómo demostrarlo? ¿Cómo hubieran podido demostrarlo los miles de españoles sin notoriedad pública que se exiliaron tras la guerra civil?

Recientemente, la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia amparando a un refugiado iraní que había visto denegada su solicitud de refugio con el argumento de no haber probado suficientemente la persecución que alegaba, que afecta a elementos importantes de este tema.

En la sentencia, del 28 de septiembre de 1988, se contradice la argumentación más repetida por el Ministerio del Interior para denegar la concesión de refugio. La sentencia dice: "No es factible la exigencia de una prueba plena respecto de la condición de asilados o refugiados y de las causas que las motivan y deben concurrir en los peticionarios, en razón a que, partiendo del hecho notorio de que en determinados países existen unas circunstancias sociopolíticas que, con subversión de los valores no sólo democráticos sino humanos, conllevan persecución ( ... ) tal situación de convulsión e incertidumbre impide, generalmente, la obtención de elementos de prueba que acrediten la condición o situación de perseguido ( ... )".

La sentencia del Supremo indica también que "la petición de asilo o de refugio está siempre motivada por una causa subjetiva -el temor o miedo de verse perseguido- difícilmente acreditable". La sentencia reconoce el derecho del súbdito iraní a ser considerado refugiado político.

Los Gobiernos de los países de la CE estudian desde hace más de dos años la armonización de sus normas de asilo y de concesión de visados sin que tal estudio haya sido objeto de un debate público. Los medios de comunicación han señalado en sus informaciones que los países más permisivos se estarían plegando a las posiciones de los más duros.

Amnistía Internacional teme que, tal como se desprende de las informaciones que han ido surgiendo sobre el tema, se camine hacia un conjunto de medidas disuasorias que desanime a los perseguidos políticos a buscar refugio y se extremen así los peligros que se ciernen sobre la vida de esas personas. Asimismo, se teme que aumenten los procedimientos que permiten una mayor arbitrariedad a la hora de interpretar las normas sobre concesión de refugio o asilo, como trámites de urgencia para decidir sobre la solicitud, tal como, al parecer, se ha planteado en algunas instancias.

Tales medidas están siendo discutidas sin que la opinión pública pueda tener todos los elementos necesarios para formarse una opinión. Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez, contestó a la sección española de Al sobre su petición de abrir el debate político, indicando que "cuando llegue el momento de reformar la ley habrá necesariamente un debate en las Cortes y por voluntad, del Gobierno, la más amplia discusión en la sociedad". Pero para entonces las decisiones comunitarias estarán ya tomadas, y será difícil modificarlas.

La sección española de Al ha entregado un documento al Gobierno que contiene las normas mínimas que, a juicio de la organización, deben seguirse para evitar resoluciones que impliquen peligros de violaciones de derechos humanos para los solicitantes de refugio. Entre ellas destacamos las siguientes: "Cualquier decisión que se tome en torno a la solicitud de asilo se deberá basar exclusivamente en la situación de los derechos humanos en el país de origen del solicitante. No deberá influir el hecho de que el solicitante carezca del visado correspondiente o que haya viajado con documentación falsa o irregular".

Cuestión de criterios

"Deberán existir garantías de que nadie es expulsado del país de acogida mientras no se haya decidido su solicitud o mientras dure el recurso de apelación. Se hará especial hincapié en este punto con relación a las solicitudes efectuadas en las fronteras". "Cuando el solicitante de asilo haya llegado a España a través de un primer país de acogida o trámite, no podrá ser devuelto al mismo a no ser que éste ofrezca las suficientes garantías de que se respetará el principio de non refoulement, así como las garantías exigidas por la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados".

La crítica de Al no se dirige tanto a la legislación española sobre la materia, ya que es una de las más permisivas de Europa, sino a los criterios con los que frecuentemente se está aplicando, y a las perspectivas sombrías que se dibujan en el futuro de la Europa sin fronteras.

Los casos de expulsión o no admisión de refugiados son demasiado frecuentes, y afectan a la mayoría de los países de la CE. Desgraciadamente, las autoridades no parecen tener un gran interés por los extranjeros si no son turistas o inversores. El refugiado es visto con desconfianza. La Europa sin fronteras que surgirá de 1992 no puede volver la cara a los problemas de los débiles trashumantes en busca de amparo y lavarse la mala conciencia con la concesión de refugio a algunas personas mientras se impide a muchas otras escapar de la represión. La sociedad europea puede y debe buscar otras soluciones a estos problemas que no impliquen el sacrificio de vidas humanas. No puede concebirse que la Europa de las libertades se convierta en una Europa bunker, insensible al dolor de los desesperados que llaman a su puerta.

Enrique G. de Herreros y César Díaz son coordinadores de refugiados y de información, respectivamente, de la sección española de Amnistía Internacional.