Hace 81 años

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fecha que sirve a la autora del artículo para analizar la situación actual en España, en la que reconoce que no hay razones para el pesimismo, aunque el camino para conseguir una sociedad más justa y equilibrada es aún largo y complejo.

Hace 81 años, el 8 de marzo de 1908, murieron en Nueva York, abrasadas en la fábrica en la que se habían encerrado para defender sus derechos, más de 100 mujeres. Mujeres trabajadoras. Un oscuro incidente, del que no suelen hablar las historias del feminismo ni tampoco las del movimiento obrero, pero que es el origen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El feminismo actual, nacido en conflictivas relaciones con el movimiento obrero, hace a menudo hincapié en esta dualidad: mujer / trabajadora. Porque seguramente es bueno admitir que la igualdad de derechos legales se relaciona con la posibilidad de independencia y autoafirmación que proporciona el trabajo: un ingreso propio es la puerta a una habitación propia.Probablemente uno de los factores más importantes del cambio en la situación de la mujer española que se ha producido en los últimos años es su acelerada incorporación al mercado de trabajo. Es un fenómeno que no puede separarse de la entrada masiva de mujeres en el sistema educativo y que está contribuyendo a debilitar la rígida separación preexistente entre el mundo de lo público, de la producción y la política, dominio de los varones, y la esfera doméstica, del hogar y la familia, a la que se suponía relegada a la mujer.

Efectivamente, desde 1984 ha subido algo más de cinco puntos la tasa de actividad femenina, de forma que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el tercer trimestre de 1988 había más de cinco millones de mujeres activas, lo que supone una tasa de actividad del 32,8%. Esta cifra nos sitúa todavía muy por debajo de la media europea, pero señala una tendencia a la incorporación de la rrujer española al mundo laboral probablemente irreversible y que se relaciona con cambios muy importantes en sus actitudes y expectativas.

Esta incorporación se enfrenta, sin embargo, a grandes obstáculos, entre los cuales y en lugar prioritario se encuentra el paro. La tasa de desempleo femenino (27,6%) es mucho más alta que la masculina (15,1%), y, a pesar de que las mujeres están consiguiendo puestos de trabajo, el ritmo de crecimiento del empleo no consigue absorber el aumento del número que buscan trabajo. Las mujeres jóvenes (entre 16 y 24 años de edad) son las más castigadas por el desempleo.

Un segundo problema que conviene señalar es la considerable segmentación del mercado de trabajo en función del sexo. Las mujeres se concentran en un re ducido número de sectores de actividad, y prácticamente una de cada dos mujeres asalariadas trabaja en servicios prestados a la colectividad y dependiendo, en la mayor parte de los casos, del sector público. Un reciente estudio realizado por el Instituto de la Mujer muestra además que, para un mismo nivel de estudios, la mujer adquiere una situación ocupacional inferior al hombre, y que el salario medio de las mujeres está, en promedio, 18 o 19 puntos por debajo del de los hombres.

Desempleo y segregación

Para avanzar en la solución de estos problemas, solución que por supuesto no es fácil, el Plan para la Igualdad de las Mujeres que se aprobó en 1987 contempla una serie de actuaciones concretas, gran parte de las cuales se intentan desarrollar en el marco de un convenio recientemente establecido entre el Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer) y el Ministerio de Trabajo, y que se podrían agrupar bajo los dos objetivos de reducir el desempleo femenino (para lo que es condición imprescindible el mantenimiento del crecimiento económico y de la inversión productiva) y de combatir la segregación laboral por razones de sexo, fomentando la formación ocupacional y la cualificación de las mujeres, para adaptarlas a las demandas empresariales, y las acciones positivas para la mujer tanto en el sector público como en el privado.

No hay que olvidar, sin embargo, que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo no sena posible (en condiciones de igualdad) si no se avanza en el reparto de responsabilidades en el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos entre hombres y mujeres, y en la solidaridad social en la atención a los niños y los ancianos, para que las mujeres puedan hacer compatible su trabajo profesional con las obligaciones familiares.

Probablemente lo más significativo de la ley que amplía el permiso de maternidad, aprobada el jueves pasado en el Parlamento, no es estrictamente la ampliación temporal, sino la introducción de la corre spon sabilidad en el cuidado de los hijos del padre, que a partir de ahora podrá optar tanto al año de excedencia (con reserva del puesto de trabajo y cómputo de antigüedad) como a una parte del permiso posterior al parto.

Si se piensa en los cambios de la situación de la mujer española que se han producido en los últimos años no hay razones para ser pesimistas. Pero es importante tener conciencia de qué largo es el camino que aún se deberá recorrer, y recordar que de la dirección de ese camino depende no sólo el futuro de las mujeres, sino el de la sociedad en su conjunto.

Una sociedad en la que los hombres y las mujeres tengan las mismas posibilidades de ganarse la vida, de tener una existencia independiente; en la que el cuidado de los hijos, de los incapacitados y de los ancianos sea responsabilidad social y se asuma como trabajo compartido; en la que los hombres no sean los protagonistas y las mujeres las comparsas, será, sin duda, una sociedad mucho más vivible y más justa que este mundo de neurosis preasignadas en función del sexo. El 8 de marzo como fecha simbólica no es un mal día para reflexionar sobre estas cosas.

Carmen Martínez Ten es directora del Instituto de la Mujer.