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Tribuna:

Euskadi, ante la marginación

Hoy entra en vigor, en Euskadi, el subsidio mínimo familiar. Aquellas personas que carezcan de los medios económicos necesarios con que atender sus necesidades básicas podrán solicitar una subvención mensual de 30.000 pesetas más 5.000 pesetas por cada miembro de la familia. Esta medida, aprobada el pasado 28 de febrero, es la primera de un plan para la lucha contra la pobreza en Euskadi. El autor desmiente las acusaciones de que el subsidio consolidará la marginación.

El día de hoy, 7 de marzo, va a marcar en Euskadi y en el resto del Estado español el inicio de una forma distinta de articular socialmente el país. A partir de esa fecha, los ciudadanos que en el País Vasco más están padeciendo las desigualdades derivadas del actual entramado socioeconómico van a empezar a obtener una respuesta solidaria desde sus instituciones representativas.A partir de ese día van a poder solicitar el recientemente aprobado ingreso mínimo familiar. Esta subvención, nacida de un auténtico compromiso de solidaridad, consistirá en la obtención de 30.000 pesetas mensuales más 5.000 pesetas por miembro de aquellas unidades familiares que actualmente carecen de los medios económicos necesarios con que atender sus necesidades básicas, de tal forma que puedan incorporarse al modo de vida, las costumbres y las actividades normales de la sociedad en la que viven.Plan de desarrolloEsta medida, aprobada el pasado 28 de febrero por el Gobierno vasco, es el fruto de una iniciativa del lehendakari José Antonio Ardanza, consensuada por las instituciones y partidos del País Vasco, dentro del Plan Euskadi en la Europa de 1993, que también comprende un plan de desarrollo de las infraestructuras de comunicación. Con este paso se ha venido a recoger una preocupación, desde hace años, de las distintas fuerzas políticas y sociales vascas por ir eliminando paulatinamente las barreras de las desigualdades.

El ingreso mínimo familiar es el primero de los tres niveles del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en Euskadi, y está complementado con el que hace referencia a las situaciones de emergencia social y con el de las medidas sectoriales interdepartamentales e interinstitucionales que próximamente serán aprobadas.

Pero no nos llevemos a engaño. Si los vascos podemos hoy adoptar medidas de este alcance social, no, es como consecuencia de ninguna situación de bonanza o de holgura económica; es decir, que nos sobra el dinero como para poderlo destinar a estos menesteres. Quien pueda pensar así se equivoca. En Euskadi, como en otras comunidades del Estado, tenemos carencias de infraestructura muy importantes, a las que, en la medida de nuestras posibilidades, estamos intentando hacer frente. Pero, de la misma manera que otros pueblos, también padecemos una situación de injusticia social que no está permitiendo a los más desfavorecidos acceder a las mejoras derivadas de la positiva evolución socioeconómica de los últimos años.

En definitiva, tal y como dijo el lehendakari Ardanza cuando anunció ante el Parlamento vasco la presentación de este plan, un pueblo no puede estar pensando en la construcción europea, en el mercado interior y en la Europa. de 1993 si no pone las condiciones que permitan un mayor desarrollo económico, una mayor y mejor generación de riqueza y, en definitiva, mejores condiciones de competitividad para conseguir una justa redistribución, igualdad de oportunidades, integración y cohesión social.

Por eso, cuando los representantes del pueblo vasco hemos llegado a acuerdos de este tipo, lo hemos hecho atendiendo al principio de corresponsabilidad y desde un compromiso de solidaridad. Y no precisamente porque, tal y como se puede comprobar en el cuadro adjunto, la sociedad vasca padezca cuantitativamente de una forma especial el problema.Una opción políticaDestinar parte de nuestros recursos propios a paliar las situaciones más duras de marginalidad ha sido, pues, una opción política clara. De ahí que la lucha contra las nuevas formas de pobreza se haya convertido en un objetivo prioritario, tanto del Gobierno vasco como de las diputaciones forales. Y esto ha sido así porque en Euskadi hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece, sino de la sociedad, y como tal, su solución no puede ser patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todos.

Por eso nos molesta, y a mí de una forma muy particular, que responsables de la Administración central del Estado, como recientemente lo ha hecho la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, intenten descalificar iniciativas de este alcance al afirmar que el ingreso mínimo familiar vasco "consolida la marginación".

Ante declaraciones de este tipo, uno se pregunta: ¿cómo sabe la ministra que el salario social vasco va a consolidar la marginación si en el Estado español no se tiene la experiencia de su implantación? ¿Cómo lo sabe? ¿Acaso ha contrastado las experiencias llevadas a cabo en este sentido en países como la RFA, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Francia, Luxemburgo o Israel? En todos estos Estados, salvando las diferencias con las propias del sistema de Seguridad Social español (menos adelantado, por cierto), se están aplicando medidas de este tipo, sin que en ninguno de ellos se haya demostrado la consolidación de la marginación.

¿O es que acaso la ministra quiere decir que no deben ser seguidas las directrices emanadas por el Parlamento de Europa cuando, en septiembre del pasado año, adoptó una solución en la que se invitaba a los distintos Ejecutivos a la instauración de una renta mínima garantizada con el fin de favorecer la inserción de los ciudadanos más pobres en la sociedad? Si es así, nosotros discrepamos con la ministra y preferimos seguir las sugerencias del Parlamento Europeo.

A los rectores del ingreso mínimo familiar nos inspiraron tres principios básicos a la hora de su regulación. El primero, que no se trataba de un programa sustitutivo de los diversos programas sociales que actualmente existen en nuestra comunidad autónoma. Segundo, que no trata, ni pretende, crear una nueva clase pasiva cronificando situaciones de marginalidad; y tercero -y, a mi juicio, el más fundamental, por el reto que supone-, que con dicho ingreso debemos ser capaces de posibilitar una situación en la que se den las condiciones suficientes para que el beneficiario pueda abandonar el programa y las causas que lo motivaron y, en consecuencia, salir de la situación en que se encuentra.

Cuando en Euskadi hemos acordado medidas de este tipo, lo hemos hecho a favor de una política social, a través de actuaciones enmarcadas en una discriminación positiva del hecho marginal, para grupos menos protegidos, con el fin de reducir la situación de desigualdad y con el objetivo último de restablecer un equilibrio entre los diferentes estratos que se conforman dentro de la sociedad vasca.Camino por recorrerAsimismo somos conscientes de que ésta es una iniciativa más, incardinada en esa política social que estamos llevando a cabo en Euskadi, y dentro de la cual se enmarcan la universalización de la asistencia sanitaria, la cobertura de un sistema educativo gratuito y las políticas sectoriales de bienestar social, vivienda, empleo, formación, cultura, etcétera. Y aun sabiendo que nos queda mucho camino que recorrer, también es cierto que una auténtica política de protección social, nacida desde el ejercicio del autogobierno, será incompleta hasta contar con instrumentos tan importantes como la Seguridad Social y el Inem, competencias aún pendientes de transferir a la comunidad autónoma vasca.

De ahí la vocación autonomista de nuestro pueblo. Porque cada vez somos más conscientes de que desde la proximidad a los problemas, desde la cercanía a las causás que los originan, es mucho más factible aplicar medidas eficaces que los eliminen y los prevengan. Por eso mi convencimiento de que las actuales desigualdades en nuestra sociedad podrán ir corrigiéndose de la forma más efectiva en cuanto las soluciones se puedan ir adoptando desde cada uno de los pueblos que la conformamos.

Siendo pioneros en el Estado español en la instauración de este ingreso mínimo familiar, a los vascos nos gustaría que, dentro de unos meses, la experiencia que vamos a adquirir en este campo pueda servir para que otras comunidades autónomas ,adopten medidas de este tipo, corrigiendo los errores que probablemente tendremos, para de esta forma hacer entre todos una sociedad más justa y, en definitiva, más libre.

, abogado y economista, es consejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 7 de marzo de 1989

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